La Audiencia Nacional ha condenado al Estado por "funcionamiento anormal de la actividad gubernativa o policial" a indemnizar con 120.202 euros a la viuda e hijos menores del taxista Federico García Nogal, quien, al igual que su compañero de profesión Felipe García Fernández minutos después, fue asesinado en Madrid en 1994.
Los sucesos ocurrieron en la madrugada del 21 de noviembre de 1994 cuando Rachid Moufraj, de origen marroquí, y el argelino Abdeslan Kayat solicitaron en Madrid los servicios de un taxi conducido por García Fernández para que les trasladara a la calle de Rodas de la capital. Antes de llegar le ordenaron que detuviera el vehículo, momento en el cual Kayat sacó una pistola y disparó a la cabeza del taxista, causándole la muerte. Poco más tarde detuvieron otro taxi, conducido por García Nogal, a quien le pidieron que les trasladase a la misma calle; al igual que en el suceso anterior Kayat volvió a disparar con el mismo arma a la cabeza del taxista, que también falleció.
Por estos hechos la Audiencia Provincial de Madrid condenó, en 1996, a los dos autores a una pena de 62 años y seis meses de prisión por sendos delitos de robo con homicidio con las agravantes de reincidencia en el caso de Moufraj y de alevosía en ambos casos.
La familia pidió al Ministerio de Justicia una indemnización de 35 millones de pesetas por mal funcionamiento de la Administración, que le fue denegada, por lo que la viuda y los hijos recurrieron por la vía contencioso-administrativa que ahora ha fallado a su favor.
Según consta en la sentencia de la Audiencia Nacional, la familia basó su pretensión en que Rachid Moufraj ingresó el 17 de octubre de 1994 en el centro de Internamiento de Moratalaz de Madrid por un plazo de 40 días, pendiente de expulsión de España. Tras comprobar que Moufraj tenía pendiente una orden de búsqueda y captura por un juzgado de Cádiz para cumplir una pena de 10 días de arresto, fue trasladado el 25 de octubre a una prisión para cumplirla. Finalizado el arresto, en lugar de ser trasladado de nuevo al Centro de Internamiento de Moratalaz, Moufraj fue puesto en libertad sin tener en cuenta que, el 28 de octubre de 1994, la delegación del Gobierno había decretado ya su expulsión de España. El 21 de noviembre ocurrieron los asesinatos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de mayo de 2002