En días pasados los vecinos de la colonia de Los Cármenes y de la calle de Francisco Suárez, en el distrito de Chamartín, se han visto sorprendidos con un atropello que les impide el paso, abierto durante 40 años entre ambos lugares.
Los vecinos del inmueble de Francisco Suárez, 9, han cerrado los accesos con dos horribles puertas de hierro provistas de llave e interfonos y han convertido lo que era un acceso público en un paso privado y de exclusivo privilegio.
Las obras, denunciadas a la Policía Municipal, se han ejecutado amparadas en una extraña licencia municipal fraudulenta, pues se apoya en la falsedad de que 'sustituyen' anteriores cerramientos, lo que resulta una mentira absoluta, pues tan sólo existían unas cancelas, sin cerradura, que permitían el libre paso de peatones.
¡Jamás han existido 'puertas de cerramiento'! Lo que ha existido desde hace lustros es un paso peatonal, que en la salida por Cipreses dispuso durante algún tiempo de una pequeña verja a modo de cancela; y ¡jamás! estuvo cerrada ni fue considerada propiedad de la comunidad de Francisco Suárez, 9, sino que este terreno, para más descaro, es propiedad del colegio mayor Luis Vives, que en absoluto ha dado su conformidad y ni siquiera ha sido consultado.
De ello existe abundante prueba documental y existen ¡los propios planos municipales! para constatarlo. Resulta insólito que la funcionaria que autorizó tal despropósito lo hiciera sin consultar a los propietarios, al colegio mayor ni a los afectados de Francisco Suárez y la colonia de Los Cármenes, saltándose hasta su propia legalidad.
Con el subterfugio de 'presunta sustitución' se ha cerrado ilícitamente un paso público, con grave perjuicio para todos los vecinos de la zona y que tan sólo beneficia a los particulares intereses de los propietarios de ese inmueble, que se han apoderado de algo que no es suyo ni les corresponde en absoluto.
Los vecinos de la colonia de Los Cármenes y de fincas de Francisco Suárez se han dirigido a las autoridades municipales, tanto al alcalde como al concejal del distrito, exigiendo el respeto a la propia legalidad y normativa municipal, así como al propio ordenamiento urbanístico, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna ni se haya remediado la inaudita situación en la que unos desaprensivos, utilizando el engaño y la falsedad, se han apropiado de un paso público en su exclusivo beneficio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de mayo de 2002