El Grupo Parlamentario Socialista registró ayer una pregunta al Gobierno sobre "los criterios que ha utilizado" para proponer candidatos a juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, e insta al Ejecutivo "a que envíe una comunicación a la Cámara" sobre esos criterios. Ambas iniciativas parlamentarias se refieren a la propuesta gubernamental de Margarita Retuerto para juez europea, fundamentada en su inexistente condición de magistrada del Supremo.
La candidatura de Retuerto, adelantada por este periódico, para sustituir en el Tribunal de Estrasburgo a José Antonio Pastor Ridruejo, que concluye su mandato por jubilación, produjo malestar entre los jueces, tanto por haber inflado el Gobierno el currículo de su candidata preferida (respecto a los otros dos aspirantes), como por el contraste con los anteriores jueces españoles, tres catedráticos prestigiosos y un magistrado del Supremo "de verdad".
El embajador español Guillermo Kikpatrick, comunicó en marzo al secretario general del Consejo de Europa, Walter Schwimmer, que el currículo de Retuerto, ex Defensora del Pueblo en funciones y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es "excelente", sobre todo por su cargo de "magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de España". Kirkpatrick trasladó al Consejo de Europa la voluntad del Gobierno español de dar preferencia a Retuerto por encima del diplomático Aurelio Pérez Giralda y la magistrada de la Audiencia Nacional María Asunción Salvo Tambo.
Hoy mismo será comunicada la terna al Comité de Ministros, en Estrasburgo; a primeros de junio los candidatos serán entrevistados en París por una comisión específica, y el 24 de junio la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa elegirá al juez español. El Convenio Europeo de Derechos Humanos exige que los jueces del Tribunal de Estrasburgo -uno por cada uno de los 43 Estados del Consejo de Europa- gocen de "la más alta consideración moral", así como que reúnan "las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales" o las de "ser jurisconsultos de reconocida competencia".
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Diego López Garrido, portavoz ante la Comisión Constitucional, ha formulado una pregunta al Ejecutivo "sobre los criterios que ha utilizado el Gobierno para proponer candidatos a formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sobre el contenido curricular de los candidatos que se ha entregado por el Gobierno al Consejo de Europa".
Crece la preocupación
Por el momento, aunque crece la preocupación en sectores jurídicos, especialmente judiciales, ni el Tribunal Supremo ha protestado por la suplantación ni el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, se ha interesado por que el Gobierno haya atribuido la condición de magistrada del Supremo a quien no lo es.
Por su parte, Retuerto aseguró a este periódico que el currículo que entregó en marzo tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores como al de Justicia no incluía la condición de magistrada del Supremo. Preguntada sobre si fueron los respectivos ministros, Josep Piqué y Ángel Acebes, quienes recibieron el documento y sobre quién añadió lo de magistrada del Supremo al currículo finalmente entregado por Kikpatrick, Retuerto se negó a informar sobre estos detalles.
Por su parte, Kirkpatrick no respondió durante las últimas semanas a las llamadas de este periódico, comunicadas al embajador por su secretaria Alicia Cora.
Retuerto reveló la buena acogida que había percibido entre los jueces de Estrasburgo, y anunció: "Yo hablo francés, me defiendo en inglés y voy a defender en ambos idiomas mi candidatura y mi currículo. Voy a explicar, si se me pregunta, que no soy magistrada del Tribunal Supremo, pero que sí he sido vocal del órgano de gobierno de los jueces [desde 1996 a 2001], para acceder al cual era necesario ser abogado o jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de mayo de 2002