El PP acusó ayer al "consorcio opositor", formado por el PSOE, Izquierda Unida, el PNV y el Grupo Mixto, de haber perpetrado una "desleal ruptura" de las históricas negociaciones para reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados. La oposición replica que es el PP quien no quiere ninguna reforma que "permita controlar al Gobierno" y pone como ejemplo el retraso, hasta el 15 y el 16 de julio, del debate sobre el estado de la nación. Según toda la oposición, el Gobierno lo hará coincidir con la operación salida de vacaciones porque en vez de un Parlamento quiere "un chiringuito de playa".
El portavoz parlamentario del PP, Luis de Grandes, aseguró que la "acción concertada por el PSOE" de presentar una "reforma unilateral" del Reglamento desbarata "todo el trabajo pacífico, enjundioso", de muchos años, para "consensuar" una reforma que revitalice el Congreso. Sin anunciar una ruptura definitiva del compromiso del presidente del Gobierno, José María Aznar, de reformar el Reglamento del Congreso en esta legislatura, De Grandes descargó en la oposición la responsabilidad de "haber torpedeado el consenso".
Un consenso que, según todos los grupos de la oposición, se resume en que "desde hace un año no se hace nada" y en que el Gobierno muestra cada día su "nulo respeto" al Parlamento. El último y "muy grave ejemplo", según la oposición, es el retraso hasta "mitad del verano del principal debate político del año": el debate sobre el estado de la nación.
Por eso, todos los grupos de la oposición decidieron ayer incorporar a su propuesta de reforma reglamentaria que ese debate deba celebrarse, "obligatoriamente", entre abril y junio de cada año. El PP reiteró que la fecha ha sido siempre una facultad del Gobierno.
El portavoz del PSOE, Jesús Caldera, subrayó que el Parlamento debe servir para controlar al Gobierno, y que ahora "los diputados preguntan, pero los ministros responden cuando quieren y, sobre todo, lo que quieren", aunque nada tenga que ver su respuesta con lo que se les preguntó.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, apostilló que el problema es que "este Gobierno no respeta la división de poderes" y "sólo quiere venir al Parlamento a hacerse autobombo".
Que será "baldío" lo garantizó después De Grandes. Aseguró que "no es posible la admisión a trámite" de una "iniciativa unilateral", que, en todo caso, se discutirá en el Pleno antes del verano. De Grandes rechazó con especial énfasis que la oposición "quiera quitar la voz" a los diputados de la mayoría, cuando piden que se reduzca su cupo de preguntas, ahora abrumadoramente mayoritario.
Salvo su rotunda negativa a reducir su cupo de preguntas, el PP evitó pronunciarse sobre el conjunto de medidas que pide la oposición para "que el Parlamento cumpla su función de control al Gobierno". Entre estas medidas destacan: reforzar las comisiones de investigación, que ahora dependen de la voluntad de la mayoría; incorporar nuevos debates de actualidad en el Congreso; vigilar que el Gobierno responde, de verdad, a lo que se le pregunta; facilitar más preguntas y más amplias (en forma de interpelación) al jefe del Gobierno; permitir el control parlamentario de las altas instituciones del Estado y de las empresas que prestan "servicios esenciales" y promover una "oficina presupuestaria", como ya existe en otros países para que ela Cámara controle la ejecución del Presupuesto y pueda evaluar el "coste económico" de las reformas que se propongan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de mayo de 2002