El Congreso de los Diputados respaldó ayer por unanimidad que los diputados y senadores puedan ejercer el derecho a su propia defensa en cuanto conozcan que se ha formulado una denuncia o una querella contra ellos. Para ese reforzamiento de sus derechos, el Congreso aprobó incorporar un nuevo artículo, el 118.bis, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El objetivo de esta reforma es permitir que un diputado o un senador que conozca que un tribunal ha admitido a trámite una denuncia o una querella contra él pueda comparecer por escrito ante el juzgado antes de ser citado como imputado y pueda efectuar, por esta vía, "las alegaciones que estime pertinentes" antes de que el juez decida si procede o no pedir el suplicatorio al Parlamento para poder procesarle.
Se trata de que pueda presentar ante el juez pruebas documentales en su defensa o, incluso, que pueda declarar como testigo, o como testigo cualificado y así poder argumentar su defensa antes de que el juez reclame el suplicatorio, toda vez que en este periodo suelen producirse "juicios paralelos" en la prensa contra los aforados.
Con la norma actual, los parlamentarios no pueden intervenir en el proceso hasta que la Cámara a la que pertenecen conceda el correspondiente suplicatorio, que debe pedir el Tribunal Supremo. Esta situación favorece las querellas maliciosas o infundadas, cuya finalidad es obtener repercusión de la denuncia contra el parlamentario en los medios de comunicación.Todos los grupos parlamentarios del Congreso subrayaron ayer en el pleno la conveniencia de esta reforma, que situará a diputados y senadores en igualdad respecto al resto de los ciudadanos en lo que respecta al derecho de defensa, puesto que con la legislación actual no pueden saber si han sido denunciados ni de qué se les acusa.
Aun así, la diputada del PNV Margarita Uria aseguró que la medida será "ineficaz" para evitar los "juicios paralelos" en la prensa que se producen cada vez que un aforado afronta una demanda o una querella, que es lo que, en última instancia, los diputados pretendían solucionar con la iniciativa aprobada ayer.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de mayo de 2002