El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dictado una providencia en la que requiere a la Consejería de Obras Públicas para que dé a conocer las medidas adoptadas, 'en orden a la ejecución' de la sentencia que determinaba la ilegalidad de la ampliación de una empresa a la que la Generalitat Valenciana dio cobertura legal. El abogado y miembro de Ecologistas en Acción, José Luis Ramos, denunció que la ampliación de la empresa Tierra Atomizada, ubicada en la localidad castellonense de L'Alcora, cuyo Ayuntamiento permitió las obras, se había realizado sobre suelo no urbanizable de protección agrícola, es decir, suelo de especial protección. A pesar de ello el Consell le había concedido la declaración de interés comunitario.
El TSJ dictó que la declaración no procedía y Ramos solicitó la ejecución del fallo, que data de julio de 2001. Sin embargo, la sentencia no se aplicó, por lo que Ramos presentó en abril un escrito en el que reiteraba su solicitud de ejecución de la sentencia. En éste señala que la Administración 'está llevando a cabo lo que ha declarado públicamente desde el principio, que es el 'podéis ir a los tribunales o donde queráis, pero en este pueblo se hace lo que quiere el Ayuntamiento'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de junio de 2002