Fue el 29 de octubre de 1998 cuando el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional debatió la jurisdicción extraterritorial española sobre los crímenes de las dictadura chilena. Era una jornada especial. En la prensa de ese día 29 se hablaba de una cosa: el día anterior, 28 de octubre, el alto tribunal de Justicia había resuelto en Londres que el ex dictador Augusto Pinochet, arrestado desde la noche del 16 de octubre a petición del juez Baltasar Garzón, gozaba de inmunidad. Aunque los mismos jueces ingleses permitían presentar un recurso de apelación ante el comité judicial de la Cámara de los Lores, la idea dominante era que Pinochet sería liberado en pocos días.
El magistrado Luis Martínez Salinas había expresado a sus colegas de la Audiencia Nacional, antes del pleno del día 29, su posición contraria a la jurisdicción española.
El día 30 de octubre, Martínez Salinas y los otros diez magistrados votaron por unanimidad a favor de la jurisdicción española. Martínez Salinas dijo que la exposición de la profesora de derecho penal Carmen Lamarca sobre el delito de terrorismo le había resuelto todas las dudas.
Para sorpresa de muchos magistrados, los jueces lores resolvieron en noviembre de 1998 anular la inmunidad de Pinochet. Y empezó así el procedimiento de extradición.
El primer ajuste de Martínez Salinas vino con ocasión de la querella de genocidio en Guatemala, donde amenazó con votar en contra, lo que se evitó con una transacción. Ahora ha vuelto a la carga. El tema de la jurisdicción es todo lo discutible que se quiera. Pero las sentencias del Supremo no deberían ser tan tergiversables con semejante impunidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de junio de 2002