No soy ni inmigrante ni parada, colectivos a los que nuestro Gobierno ha vapuleado suficientemente durante las últimas semanas. Tampoco he faltado a mis obligaciones con el Estado, ni la Comunidad Autónoma de Madrid. Soy sencillamente una mujer que ha solicitado el pasado día 7 de mayo, y por indicación de mi médico de cabecera, asistencia ginecológica en el ambulatorio Carmen Calzado, de Alcalá de Henares. Solicitada en la ven
tanilla de dicho ambulatorio hora y día para dicha consulta, se me informa de que no existen horas disponibles ni para lo que resta de 2002 ni para todo el año 2003, y que, por tanto, no existe la posibilidad de dicha consulta. Ante tal respuesta, formulo reclamación número 2.749 ante el Área de Salud número 3 de Atención Primaria de Alcalá de Henares.
No creo que exagere mucho si afirmo que ningún español se merece esto, que es injusto y que resulta alarmante que en un país que preside la UE, y en el que sus máximos representantes hacen declaraciones públicas de aparente calado político, se den situaciones como la que he descrito, que ridiculizan y degradan a instituciones estatales completas.
Supongo que a estas alturas de la legislatura es inútil echar las culpas de que cosas como ésta ocurran a la titular de Sanidad. Ya ha demostrado sobradamente, y en cosas tan importantes como la que yo denuncio, su clara insolvencia, grave incompetencia y facilidad supina para alarmismos cargados de ignorancia. Quizás el tema es más relevante de lo que parece. Sospecho que de manera sibilina, y acorde con la ideología conservadora y neoliberal de nuestro Gobierno, se consigue el triunfal déficit cero a base de recortes sociales básicos, retrasos injustificados en la financiación de los proyectos de investigación y leyes de enseñanza enmascaradas de supuesta calidad, que en realidad encubren recortes importantes de los presupuestos públicos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de junio de 2002