El concejal delegado de Urbanismo de Huelva, Francisco Moro (PP), y el jefe de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo, José Arias, declararán a lo largo de esta mañana ante la sala de lo Civil y Penal que investiga la operación urbanística puesta en marcha por el Ayuntamiento onubense con el pretexto de normalizar la situación del equipo local de fútbol, recientemente ascendido a la Primera División. El primero lo hará como imputado y el segundo como testigo. El magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, está a la espera de recibir la numerosa documentación requerida mediante un auto dictado hace dos semanas al Ayuntamiento de Huelva, a la Caja de Ahorros El Monte y al club Recreativo de Huelva.
El primero en comparecer ante el instructor será el delegado de Urbanismo que, junto con el alcalde, pusieron en marcha la operación urbanística conocida como Isla Chica. Precisamente, uno de los documentos requeridos por el instructor es el informe justificativo del destino que el consejo de administración de la Sociedad Anónima Deportiva Club Recreativo de Huelva dio a los 15.882.826 millones de euros obtenidos por la compra de acciones por el Ayuntamiento.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de junio de 2002