La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional rechazó ayer el recurso del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, en el que se solicitaba el archivo de la causa abierta contra él por delito fiscal y falsedad de documentos en el caso Tele 5. La Audiencia, siguiendo las tesis del fiscal anticorrupción Carlos Castresana, confirma íntegramente las resoluciones del auto dictado por el juez Baltasar Garzón el 8 de octubre de 2001, en el que se suspende el procedimiento provisionalmente hasta que Berlusconi deje de ser primer ministro y se solicita al Gobierno español que denuncie los hechos a las autoridades italianas para que inicien procedimiento contra el primer ministro, o, alternativamente, solicite a las autoridades italianas la continuación del caso en España, previo levantamiento de la inmunidad de Berlusconi.
De esta manera, la Audiencia Nacional reconoce la inmunidad de Silvio Berlusconi, Il Cavaliere, pero no su impunidad, ya que, según el auto, contra el que no cabe recurso, en el sistema legal español "rige el principio de legalidad y no el de oportunidad, y es obligatoria e indisponible la persecución y castigo de todos los delitos de naturaleza pública, sin que esa obligación se extinga ante el obstáculo procesal que supone la inmunidad de jurisdicción".
Así, el tribunal, confirmando la resolución de Garzón, declara la "procedencia de suspender el procedimiento hasta que el obstáculo cese o se salve mediante la autorización de las autoridades italianas" o éstas decidan juzgar los hechos en Italia, por lo que, en este último caso, se abstendría la Justicia española.
En su resolución, ahora ratificada íntegramente, Garzón, efectivamente, planteaba: 1) No archivar ni sobreseer la causa, sino mantenerla en suspenso mientras Berlusconi ostente el cargo de primer ministro o las autoridades italianas le retiren la inmunidad. 2) Solicitar a los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores que den curso a la denuncia de esta causa ante las autoridades italianas para iniciar en Italia el procedimiento contra Berlusconi. 3) Solicitar, alternativamente, la continuación en España del procedimiento, previo el levantamiento de la inmunidad.
En línea con este planteamiento, el auto dictado ayer, del que ha sido ponente Raimunda de Peñafort Lorente, considera "ajustado a derecho" que las autoridades italianas renuncien a la inmunidad de jurisdicción que asiste a su jefe de Gobierno, por cuanto los hechos que se imputan a Berlusconi son anteriores y ajenos a sus actuales funciones públicas, y por tanto se trata de una inmunidad sobrevenida.
La resolución de la Audiencia se basa en una sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia el 14 de febrero de 2002, en el caso conocido como Yerodia. La sentencia declara que las inmunidades no se otorgan para beneficio personal, sino para garantizar la ejecución efectiva de las funciones de los cargos públicos en nombre de sus respectivos Estados, y enfatiza la diferencia entre inmunidad e impunidad.
El tribunal rechaza el archivo de la causa porque no cumple los requisitos, es decir, que los hechos no sean constitutivos de delito o que, en caso de serlo, no se conociera al autor. "En el presente caso", señala el auto de la Audiencia, "no se ha producido pronunciamiento alguno relativo a la ausencia de indicios delictivos ni relativos a la inexistencia de motivos para acusar al imputado, pronunciamiento que sólo sería posible al concluir la investigación de los hechos".
Los magistrados rechazan también la pretensión de que la suspensión de la causa debería extenderse a los demás imputados y no quedar restringida sólo a Berlusconi. Entiende el tribunal que esta pretensión es contraria a toda lógica jurídica, pues trata de ampliar un beneficio de inmunidad a personas que carecen del fuero correspondiente.
En fuentes próximas a la defensa de Berlusconi se restaba ayer importancia a la resolución, por no tener "trascendencia práctica desde el punto de vista judicial". Efectivamente, la trascendencia real de la resolución es que se impide la impunidad del primer ministro italiano. La denuncia de los hechos para que sean juzgados en Italia es un brindis al sol, según fuentes jurídicas, puesto que es el Gobierno que preside el propio Berlusconi el que tendría que dar curso a la denuncia, en el caso de que el Ejecutivo español la formulase. Igualmente, es el Gobierno de Silvio Berlusconi el encargado de tramitar la retirada de la inmunidad de su jefe, lo que va en contra de toda lógica.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de junio de 2002