A la pregunta estricta que formulo en el título sólo cabe la respuesta afirmativa. No hay duda de que los inmigrantes tienen deberes, aunque, por supuesto, como todos los ciudadanos.
Pero a lo que me refiero es a otra cosa: ¿tienen los inmigrantes más deberes que el resto de los ciudadanos? La respuesta, en este caso, debe ser un no rotundo: todos los ciudadanos son iguales ante la ley 'sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social', de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española. Sólo la ley y los tratados internacionales pueden restringir los derechos fundamentales, siempre que ello tenga algún fundamento constitucional razonable. Este es el marco establecido en nuestro Estado de derecho que no podemos rebasar sin infringir la Constitución.
Hace un año, la opinión dominante en Cataluña parecía inclinarse por un trato igualitario con los inmigrantes. Un rechazo oficial a la Ley de Extranjería (los mismos políticos que la rechazaban, ahora exigen su cumplimiento) y la mayoritaria condena de las opiniones xenófobas de Marta Ferrusola y Heribert Barrera hacían aparecer a la sociedad catalana y a la clase política como inmunizada ante la discriminación de los inmigrantes. Falso retrato. Antes de lo esperable, la situación ha cambiado y hoy emergen nuevas e inquietantes ideas e iniciativas que van en sentido contrario. Tres hechos causan alarma: el caso Premià, el convenio de la Generalitat con el Consejo Islámico y las ideas que expone Josep Lluís Carod Rovira.
El caso Premià va por muy mal camino. Dicho de manera clara: las autoridades públicas están impidiendo que un grupo de ciudadanos ejerza libremente el derecho fundamental a la libertad de culto, garantizado en el artículo 16 de nuestra Constitución, al negarles, sin soporte legal alguno, la construcción del oratorio musulmán en un terreno de su propiedad. Esto es un hecho grave para nuestra vida democrática y una deshonra para los partidos de izquierda que son protagonistas de esta clara discriminación. Héctor López Bofill, poeta y profesor de Derecho Constitucional, lo razonaba de forma impecable en un artículo publicado en el Avui del pasado día 31 de mayo: 'Ellos no han de negociar nada porque el ordenamiento jurídico les da toda la razón y los otros no tienen ningún argumento (...) El espectáculo al que estamos asistiendo es, en definitiva, vergonzoso, indigno de las sociedades democráticas y pluralistas a las que aspiramos y en las que decimos estar constituidos'. Así, creo, están las cosas en Premià.
El convenio de la Generalitat con el Consejo Islámico, que representa a algunos sectores musulmanes de Cataluña, a primera vista parece positivo. Sin embargo, los términos del mismo suscitan inquietudes y sospechas. La Generalitat aporta, como diría Josep Pla, la 'módica cantidad' de 15.000 euros (2,5 millones de pesetas) para impartir cursos de lengua y cultura catalanas a los imames del Consejo Islámico y, en contrapartida, éstos suministran información a la Generalitat. En primer lugar, si el objetivo es integrarlos en la sociedad catalana las clases deberían ser de catalán y castellano, ya que las dos son lenguas oficiales y de uso habitual en Cataluña, además de ser una obligación para la Generalitat según establece el artículo 3.3 del Estatuto de Cataluña. Pero, en segundo lugar, sorprende que los imames se vean obligados a dar la información que pida la Generalitat sobre sus colectivos. ¿Cuál será esta información que deben dar a cambio de una ayuda económica, por muy módica que sea? La información que los ciudadanos tienen el deber de dar a las autoridades está regulada por ley. Esta información vía convenio es, por tanto, extralegal y, aunque no necesariamente ilegal, en todo caso es sospechosa de ser utilizada con fines que puedan vulnerar derechos. ¿Se imaginan que un convenio así se hiciera con los párrocos católicos?
Ahora bien, la propuesta de Carod es mucho más grave. Propone, nada menos, que los inmigrantes sean obligados a superar un 'curso de integración' como requisito para disfrutar de derechos civiles y prestaciones sociales. Además, sostiene que se debe 'impedir la residencia entre nosotros' (un claro eufemismo de expulsar) a los imames con conductas 'intolerantes, integristas, machistas, reaccionarias, antidemocráticas y anticatalanas'. Ello debe hacerse extensible a 'predicadores de sectas cristianas suramericanas' y a 'integristas católicos de estirpe catalana'. Yo no sé si Carod sabe lo que dice -aunque ya es mayorcito para enterarse-, pero de sus palabras se desprende que, a su lado, Haider y Le Pen son unos candorosos miembros de ONG favorables a los sin papeles. Sigue siendo verdad que el nacionalismo, llevado al extremo, se convierte en puro fascismo. Si triunfan estas ideas yo, modestamente, ya me veo expulsado de mi país y, en caso de no serlo -a veces las leyes no se aplican-, me iré voluntariamente en solidaridad con los expulsados. ¡Dios mío, Catalunya terra d'acollida!
Estamos pasando de un extremo al otro: de la demagogia de los sin papeles a exigir a los inmigrantes un examen de catalanidad. Ciertamente, este cambio era de temer. Para el establishment catalán -de derechas e izquierdas- la integración siempre ha sido entendida como asimilación cultural, nunca se ha planteado como relación de interculturalidad. En esta última, el contacto entre culturas es considerado un motivo de enriquecimiento mutuo: unos influyen a otros dentro de los límites que señala una ley igual para todos. La ley no establece imposiciones y deberes culturales, sino que da a escoger en libertad.
No hay, por tanto, deberes específicos para los inmigrantes más allá de los que prescriben leyes. La buena voluntad de las personas y el respeto mutuo en las costumbres se presuponen, tanto en nosotros como en ellos, hasta llegar a borrar, a hacer innecesaria, esta absurda distinción entre seres humanos.
Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de junio de 2002