Más de un centenar de colegios privados que reciben fondos públicos cobran cuotas irregulares a los padres. Ésta es una de las conclusiones a las que llega la auditoría sobre los conciertos educativos que el Parlament obligó a realizar a Enseñanza y que la consejera Carme-Laura Gil omitió en su comparecencia ante la prensa el pasado viernes 31 de mayo, fecha límite de entrega del informe a la Cámara.
Esa comparecencia fue convocada por la consejera precisamente para presentar los resultados de esta auditoría, encargada por mandato del Parlament. El informe, elaborado por los inspectores de Enseñanza, revela además otras irregularidades que ya mencionó la consejera: la más grave, que 8 centros concertados cobran la enseñanza obligatoria (Primaria y ESO), cuando ésta debe ser totalmente gratuita, y que otros 18 'perciben cantidades superiores a las autorizadas' para los estudios posobligatorios (Bachillerato y Ciclos Formativos), según reza el texto.
La información que omitió Carme-Laura Gil es que, de los 739 centros privados que reciben fondos públicos gracias a un concierto, 103 presentaban irregularidades en el cobro de las actividades complementarias, la hora diaria extra que los centros privados imparten respecto a los públicos. De ellos, 24 percibían dinero de los padres sin haber solicitado la autorización de las cuotas a la correspondiente delegación territorial de Enseñanza, y en los 79 restantes 'se aprecia un desajuste entre lo que estaba autorizado inicialmente y lo que efectivamente se llevaba a cabo'.
El estudio, de apenas 11 páginas y que no revela los nombres de los colegios que pueden estar actuando de forma irregular, es fruto de un mandato del Parlament emitido el pasado abril de 2001, después de que se conociera que seis centros considerados de élite tenían un concierto y cobraban al mismo tiempo mensualidades de hasta 600 euros (100.000 pesetas) por la enseñanza obligatoria, cuando el concierto exige que ésta sea gratuita.
La auditoría realizada por Enseñanza ha sido muy criticada, tanto por los sindicatos como por los partidos de la oposición, por su 'pobreza y superficialidad', según palabras de Luz Jabardo, de CC OO. El informe ha sido considerado por la oposición una burla hacia la instituciones democráticas. La diputada socialista Assumpta Baig indicó ayer que propondrá a ERC y a ICV algún tipo de acción parlamentaria para que la consejera dé explicaciones al Parlament. De momento, la auditoría será ya objeto de interpelación el próximo miércoles.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de junio de 2002