La inseguridad en los juzgados ha sido denunciada por los sindicatos, que en varias ocasiones barajaron la posibilidad de movilizarse por esta cuestión. Pero también los magistrados han dejado sentir su preocupación tanto a la consejería -que ha cerrado el tema convocando reuniones de las comisiones mixtas-, como al decano de los jueces, en el caso de Valencia, y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), protesta que elevaron los jueces de Lo Social de Valencia. Justicia derivó la responsabilidad de la vigilancia de los edificios judiciales al Ministerio del Interior, al entender que es una cuestión de seguridad ciudadana sobre la que no tiene competencias, y optó por la vigilancia privada sólo en las sedes principales de las capitales de las tres provincias y no en todos los casos durante 24 horas por una cuestión de presupuesto. Justicia dice ahora, después de que las protestas se hayan intensificado en los últimos dos años, que la palabra la tiene el ministerio, al que se propuso que destinara agentes en segunda actividad para vigilar los juzgados.
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Entretanto, más de 300 millones de pesetas en forma de material de seguridad (cámaras y arcos metálicos) continúan empaquetados. Juzgados como los de Llíria, Moncada, Dènia, Vila-Real o Nules no cuentan con vigilancia alguna. La consejería emplaza a los nuevos palacios de Justicia, de los que mayoritariamente se ha colocado la primera piedra, para poner fin al problema.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de junio de 2002