La cumbre que la Unión Europea (UE) celebrará en Sevilla los días 21 y 22 de mayo, y en la que se tratará de armonizar la política de inmigración, está llevando a varios países de la UE, entre ellos España, a modificar sus leyes de extranjería. Italia, Dinamarca, el Reino Unido y Austria han endurecido los requisitos para el acceso y la estancia de extranjeros en sus respectivos Estados.
- Italia. La nueva ley de inmigración italiana, aprobada el martes por el Congreso en medio de una gran protesta de la oposición, crea el delito de inmigración clandestina. Un extranjero que entre en Italia tras haber sido expulsado comete un delito que puede ser penado hasta con cuatro años de prisión. Asimismo, el permiso de estancia, que tendrá una duración de dos años, será concedido a los extranjeros que dispongan de trabajo. Pero si el inmigrante se queda sin trabajo antes de que expire ese plazo, tendrá que dejar el país.
- Dinamarca. La residencia se otorgará tras siete años de estancia, en lugar de los tres de la anterior ley, además de pasar un examen de danés y otro de ciudadanía. A los inmigrantes clandestinos se les denegará el derecho a que sus solicitudes sean tramitadas. El extranjero al que le sea denegada la entrada será expulsado de inmediato, y no tendrá el plazo de 15 días que estipulaba la anterior ley. Los inmigrantes no se beneficiarán de las ayudas de la Administración hasta después de siete años de residencia.
- Reino Unido. En el Reino Unido el problema no es tanto la inmigración como la llegada al país de miles de extranjeros que piden asilo político. La población cree que, más que refugiados, se trata de gente que lo que quiere es quedarse en el Reino Unido trabajando, informa Walter Oppenheimer. Para atajar el flujo de refugiados, el ministro del Interior quiere que puedan ser deportados de inmediato a su país de origen o de procedencia aquellos extranjeros en cuanto se les niegue el asilo si su petición se considera manifiestamente infundada. Los expulsados podrán apelar la decisión del Gobierno, pero no tendrán derecho a quedarse en el país hasta que se decida esa apelación. Deberán apelar desde otro país. Respecto a los inmigrantes económicos, el Gobierno intenta que su llegada al país sea ordenada y legal, pero no la está frenando porque hay una gran necesidad de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería.
- Austria. El Gobierno austriaco aprobó ayer el borrador de la ley que establece la obligatoriedad de aprender alemán a los inmigrantes que entren en el país a partir del 1 de enero de 2003, y a los residentes desde el 1 de enero de 1998. Si a los cuatro años no han aprendido el idioma, perderán el derecho a la residencia. La mitad del coste será financiada por el Estado y el resto por el inmigrante. La ley no afectará, entre otros, a los refugiados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de junio de 2002