La presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, María Asunción Macho, se comprometió ayer ante el Parlamento a presentar este año y, por lo tanto, antes de las elecciones municipales de 2003, una auditoría actualizada del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, sobre el que pesan graves denuncias del PP y del PSE por desvío y malversación de fondos públicos. El tribunal completará el informe de fiscalización del Consorcio correspondiente a los años 1997 y 1998, que lleva desde febrero de 2001 en fase de borrador, con una actualización de las cuentas hasta 31 de diciembre de 2001.
La demora en presentar la auditoría de los ejercicios de 1997 y 1998 y el temor a que pudiera retrasarse hasta después de las elecciones municipales es lo que llevó al PP y PSE a reclamar la presencia de Macho, del PNV, ante la comisión de Economía del Parlamento para que explicara el estado actual de los trabajos y reclamarle celeridad en la gestión. Entre otras acusaciones, PP y PSE sostienen que el Consorcio ha desviado para otros fines fondos destinados a las inversiones del Plan Integral de Saneamiento del área metropolitana por valor de 120 millones de euros y que practica el enchufismo en las contrataciones de personal y en la adjudicación de obras y servicios a empresas afines al PNV.
La dilación en la presentación del informe se debe a las sucesivas ampliaciones de información solicitadas por la Comisión Técnica de Auditoría (CTA), un foro integrado por los auditores jefes y en el que se analizan todos los informes antes de ser aprobados en sesión plenaria por el tribunal.
En diciembre del 2000 se presentó el primer borrador del informe ante la CTA, pero ésta propuso una serie de cambios y ampliaciones, lo que impidió su presentación ante el pleno. Lo mismo ocurrió en las otras dos ocasiones en las que el borrador llegó hasta la Comisión. Las ampliaciones de información hacían referencia a cuestiones como inversiones en Sudamérica o el nuevo convenio laboral de los empleados. Estas circunstancias aconsejaron esperar al cierre del año 2001 para evitar que el informe naciera ya desfasado en el tiempo, según recalcó Macho.
La presidenta trató de despejar las dudas de la oposición al asegurar que la consejera del tribunal Begoña López, del PSE, será la nueva responsable del informe y que su equipo de auditores empezará a trabajar en firme el próximo lunes con la documentación aportada desde el Consorcio. Macho precisó que la consejera revisará el borrador de la auditoría de los años 1997 y 1998 y decidirá lo que puede aprovechar para su futuro trabajo. Además, la presidenta aseguró que se abstendrá de intervenir de manera alguna en el informe, debido a que uno de sus hijos, Jon Loidi, es uno de los directivos del Consorcio.
Las explicaciones que ofreció la presidenta para justificar el retraso convencieron sólo en parte a PP y PSE. Los portavoces en Bilbao de estos partidos, que han protagonizado las denuncias de los últimos meses por la gestión del Consorcio, valoraron la decisión de extender el informe fiscalizador a los últimos ejercicios. Sin embargo, Antonio Basagoiti (PP) censuró que no se haya publicado la auditoría pendiente de los años 1997 y 1998. Mientras, Dimas Sañudo (PSE) calificó de 'buena noticia' la decisión de presentar la auditoría este año .
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de junio de 2002