La Generalitat catalana otorga una indemnización a las personas privadas de libertad durante la guerra civil.
Esto sucede siempre que se pueda demostrar mediante un certificado, que la misma Generalitat solicita al Ministerio de Defensa en Madrid.
Este ministerio ignora, curiosamente, que mi padre estuvo privado de libertad en campos de concentración y batallones de trabajadores durante dos años: carencia de antecedentes. Ello nos conduce a un callejón sin salida burocrático, en el cual el Gobierno catalán queda bien al otorgar las indemnizaciones, pero, lástima, muchas personas no cobrarán por falta de documentos oficiales, negados por el Gobierno central (¿dónde están los documentos, extraviados...?)
Es curioso, no obstante, que, yo misma, indagando por los archivos españoles, haya encontrado en el mismo Madrid, el Tribunal de Cuentas, que sí tiene algún documento relativo a mi padre, sobre su permanencia privado de libertad en batallones de trabajadores.
¿Tan inoperantes son los estamentos burocráticos como para no poder comunicarse entre ellos en beneficio de todos?
¿A quién defiende el Ministerio de Defensa?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de junio de 2002