Ni la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina (UPN), ni el director general de Cultura navarro, Juan Ramón Corpas, prevaricaron o atentaron contra el patrimonio histórico al permitir las excavaciones de la Plaza del Castillo y ordenar la retirada de los restos arqueológicos localizados en el lugar para construir un aparcamiento subterráneo. El Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha archivado la denuncia penal interpuesta en julio de 2001 por seis vecinos de la capital navarra contra los promotores del proyecto de parking.
El auto señala que la actuación de Barcina, Corpas y otros concejales denunciados no fue ni 'injusta' ni 'arbitraria', toda vez que la declaración de un bien como de interés cultural o como conjunto histórico-artístico 'no impide la realización de obras'. El juez añade que los acuerdos municipales previos a las excavaciones tampoco fueron ilegales, ya que no implicaban 'necesariamente' la construcción del proyecto, que quedó supeditado a los informes vinculantes de la institución cultural Príncipe de Viana.
El juez justifica el proyecto en la 'demanda' de plazas de garaje de los vecinos para mejorar las condiciones de vida de la zona 'circunstancia que en la ley de Patrimonio Histórico se prevé'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de junio de 2002