Sólo desde la más absoluta prepotencia puede monseñor Carlés afirmar que los obispos 'han tenido mucha paciencia con una ley tan importante como la de la clase de religión'.
Paciencia es la que también hemos tenido con esa institución quienes consideramos al Estado laico como el desiderátum al que debería tender cualquier democracia. Por desgracia, la Iglesia católica ha sabido siempre arrimarse al poder, que, unas veces solícito, otras temeroso, ha posibilitado esta situación: antiguos privilegios que ahora se convierten en derechos. Entre los cuales, por supuesto, está el de considerar a la escuela pública como medio para inculcar a los niños determinados principios. No les basta con las escuelas por ellos creadas. Necesitan al Estado, sin el cual parece que la congregación de los fieles se disolvería.
La maniobra es vieja y conocida, y consiste en la utilización de la 'libertad de enseñanza' como instancia legitimadora para que las familias se crean en el derecho de utilizar las instituciones públicas para la inculcación de la moral religiosa a sus hijos.
A esto le llaman tolerancia.
Pero, en fin, no sigamos, no sea que a monseñor Carlés se le agote definitivamente la paciencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de junio de 2002