El Gobierno podrá fijar los perfiles de euskera de los 1.500 funcionarios de la Administración de Justicia al levantar el Tribunal Constitucional la suspensión que impuso en enero al decreto de normalización lingüística aprobado por el Departamento de Justicia. El decreto establece los criterios que se seguirán para la asignación de perfiles entre la plantilla de agentes, auxiliares, oficiales y médicos forenses. El objetivo es que al menos un 40% de los trabajadores cumpla con el nivel requerido en diez años.
El titular de Justicia, Joseba Azkarraga, mostró ayer una satisfacción 'muy comedida' por la decisión del Constitucional. Azkarraga recordó que levantar la suspensión permite al Gobierno seguir fijando los perfiles, pero advirtió sobre la posibilidad de que cuando falle de forma definitiva el máximo intérperte de la Constitución, lo que podría ocurrir en uno o dos años, el departamento tenga que deshacer lo hecho si el pronunciamiento es desfavorable. 'El Gobierno no tiene confianza en el Tribunal Constitucional y prueba de ello es que no recurrimos a él desde 1994. Sin embargo, sería una barbaridad que fallara en contra porque el decreto tiene todos los visos de legalidad', destacó.
La aplicación del decreto quedó en suspenso a principios de este año tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central por un conflicto de competencias con el Ejecutivo vasco.
El Ejecutivo del PP argumenta que los funcionarios de Justicia forman parte de un cuerpo nacional, con las mismas características en todas las comunidades, y, por tanto, no se les puede obligar a aprender euskera. En su recurso, el Gobierno central solicitó la suspensión porque la aplicación del decreto podía causar 'daños irreparables y perjuicios' a terceros. En su nuevo auto, el Tribunal Constitucional desestima la tesis de los daños y recuerda que para impugnar un plan de euskaldunización hay que comprobar los niveles de euskera asignados a cada puesto. 'Hay que esperar a posteriores actuaciones del Gobierno vasco para poder apreciar sus efectos', señala el Constitucional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de junio de 2002