El Ministerio del Interior desplegó ayer en Navarra un plan urgente para garantizar la seguridad de medio centenar de cargos públicos de UPN y PSN-PSOE y de jueces que, durante una jornada, quedaron desprotegidos por la renuncia a su empleo de sus escoltas privados, que demandan mejoras salariales. Guardaespaldas de Euskadi de la misma empresa de seguridad (Eulen) celebraron anoche una asamblea en Vitoria con sindicatos para estudiar medidas similares.
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La protesta de Navarra es la primera de una serie de medidas que las asociaciones de escoltas han decidido impulsar para denunciar su situación laboral y la "falta de medidas técnicas y personales" para dar una seguridad "en condiciones óptimas" a los amenazados por la organización terrorista ETA. Junto a esta iniciativa, los escoltas privados no descartan que los días 25 de cada mes, todos aquellos guardaespaldas que hayan cumplido las horas marcada en el convenio de seguridad privada dejen de desarrollar sus labores como escolta.
En total, 47 escoltas privados de Navarra entregaron sus armas a la empresa Eulen en la central de la antigua Prosesa, ubicada en el municipio de Barañain, en protesta por las condiciones laborales "inadmisibles".
La Delegación del Gobierno en la comunidad foral tuvo que coordinar de inmediato una intensificación de las medidas de contravigilancia para proteger los movimientos de los cargos socialistas y de UPN, entre ellos parlamentarios navarros, algún alcalde y diversos concejales, así como de algunos jueces y magistrados. Simultáneamente, la Delegación se dirigió a Eulen para exigirle el cumplimiento del contrato firmado con Interior. El conflicto se dio por resuelto a las 19.30.
Ya a media tarde, el senador socialista navarro Carlos Chivite señaló, tras intensos contactos con Interior, que había garantías para que la situación se normalizara. "Algunos de los escoltas que entregaron su armas han reconsiderado su actitud, y la empresa ha trasladado a Navarra a profesionales de otras comunidades", dijo Chivite, quien añadió que también las Fuerzas de Seguridad del Estado estaban realizando tareas de protección y contravigilancia.
Asamblea en Vitoria
Este medio centenar de escoltas de Navarra decidió renunciar a su empleo el miércoles por la noche, tras una asamblea en Pamplona. Tras este plante la plantilla de escoltas de Eulen en el País Vasco, integrada por unas 120 personas, era convocada ayer mismo a una asamblea a las once de la noche en un hotel de Vitoria para apoyar a sus compañeros de Navarra, denunciar la situación laboral y estudiar si emprendían una protesta similar. Posteriormente decidieron trasladarse a otra sede para reunirse también con la Asociación de Escoltas del País Vasco y los sindicatos, entre ellos el mayoritario, UGT. Al cierre de esta edición dicha asamblea continuaba.
El consejero de Justicia y Empleo del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga (EA), que el mes pasado impuso a este colectivo unos servicios mínimos del 100% en la huelga convocada por la Asociación Española de Escoltas (Ases) -servicios que ya han sido recurridos ante los tribunales-, advirtió ayer de que, en caso de extenderse el conflicto a Euskadi, "se puede crear un problema importante de seguridad en algunos casos" al que habrá que "buscar soluciones". Azkarraga ofreció sus servicios para desbloquear este conflicto laboral. "Si quieren plantear algún tipo de queja, estamos abiertos a discutir con ellos cualquier planteamiento", dijo.
Los escoltas indicaron que hasta hace un mes percibían 900 euros líquidos mensuales por su trabajo, más nueve euros por hora extra, dietas y kilometraje. La empresa les ofrece ahora 900 euros, más nueve por hora extra, pero sin dietas ni kilometraje y sin pagar las horas de espera al protegido que tengan que realizar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de junio de 2002