La palabra remordimiento no aparece en el documento final de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, pero está escrito implícitamente en todo el texto aprobado anoche. Tras escuchar los dramáticos testimonios de varias víctimas, la asamblea extraordinaria de obispos acordó por 239 votos a 13 la suspensión inmediata de los sacerdotes acusados de pederastia, conocida como política de tolerancia cero. El sínodo de obispos dió un paso sin precendentes comprometiéndose a cambiar el rumbo de la Iglesia católica estadounidense, a renovar sus estructuras, crear mecanismos para proteger a los menores y purgar a los abusadores, y a enterrar la cultura de secretismo.
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"De ahora en adelante ningún sacerdote que se sepa que haya abusado de menores trabajará en la Iglesia católica de Estados Unidos", declaró el presidente de la Conferencia Episcopal Wilton Gregory. Dependiendo de la gravedad de sus acciones, los sacerdotes serán expulsados o apartados totalmente del contacto "cara a cara" con el público, en monasterios u otras instituciones donde puedan "cumplir penitencia", subrayó el obispo de Washington, Theodore McCarrick.
Entre todos los testimonios, propuestas y peticiones fue una foto la que sacudió las opiniones -y quizá las conciencias- de los prelados, que al inicio de la conferencia se inclinaban por hacer excepciones con los pederastas "acusados una sola vez". La foto era de un adolescente víctima de los repetidos abusos de un sacerdote, que acabó suicidándose años después. La imagen circuló por todo el salón de conferencias del Hotel Fermont de Dallas, y arrancó lágrimas a muchos obispos.
Al mismo tiempo, Craig Martin relataba desde el estrado su trauma. Comenzó parafraseando la letra de una canción de Simon & Garfunkel: "Hola obscuridad, mi vieja amiga". Su alma, dijo, estaba aún herida por las violaciones de un sacerdote al que él admiraba. Los hechos ocurrieron durante excursiones de pesca. Martin criticó duramente a los obispos por haberle dado la espalda.
La voz de las víctimas
Le siguieron los testimonios de Paula González, sometida a excesos parecidos cuando tenía 12 años por un seminarista amigo de la familia. El de Martin Bland, que le rechazaron en el seminario cuando delató los abusos sufridos -"Me negaron ejercer mi vocación y, sin embargo, mantuvieron al perpetrador", dijo-. David Clohessy, director de la Asociación Nacional de Supervivientes de Abusos del Clero relató historias de víctimas a las que el trauma las había llevado a las calles, la cárcel o el suicidio.
Las críticas eran esperadas, señalaron los obispos, pero el impacto superó las previsiones. Las cadenas de televisión retrasmitieron en directo la mayor parte de la sesión maratoniana, intercalándola con las opiniones de representantes de los 65 millones de católicos que hay en este país y con las encuestas que reflejaban el apoyo a la política de tolerancia cero.
A última hora de la tarde (madrugada de España) aprobaron la purga inmediata de los pederastas, de casos pasados, presentes y futuros. Las medidas decepcionaron a las organizaciones de víctimas, que esperaban la expulsión en todos los casos. Mark Serrano, portavoz de la Red de Supervivientes de Abusos del Clero, dijo que la suspensión equivalía a decirle a "un asesino urbano que se traslade al campo, y que él se las arregle para seguir cometiendo sexuales".
El obispo de Filadelfia, Anthony Bevilacqua, explicó la razón por la que acabaron optando por una fórmula mixta, expulsión-suspensión: "Tenemos que actuar con la misma compasión que Jesucristo, tenemos que perdonar."
Para que la propuesta sea aprobada y tenga carácter vinculante en todas las dióceseis de EEUU requiere el visto bueno del Vaticano. Pero según trascendió a través del periódico The American Catholic, no cuenta con respaldo suficiente en Roma. Al menos, el cardenal de Los Ángeles, Mahony, restó importancia a esa versión señalando que tenían autonomía suficiente y la luz verde del Papa para resolver la crisis.
El otro punto de controversia -la purga de los obispos responsables por omisión de mantener a los pederastas-, no fue incluido en el documento final, a pesar de que así lo habían pedido todos los laicos que intervinieron en la conferencia y muchos de los obispos, al admitir la "erosión de credibilidad" y subrayar la necesiadad de crear algún sistema de supervisión. El hecho de que los obispos ni siquiera lo hayan considerado para debete les ha valido críticas de arrogancia. Sí se han comprometido a denunciar a los pedreastas ante la justicia, y a establecer mecanismos de seguimiento. El obispo de cada diócesis tendrá que presentar un informe anual al público y habrá comités integrados por laicos. Cada diócesis desarrollará también su propia política de información cumpliendo el compromiso de transparencia, según establece el artículo seis. Tampoco habrá más claúsulas de confidencialidad para zanjar demandas.
El estatuto aprobado ayer tiene una vigencia de dos años. Es el comienzo de una era en que, por primera vez, la Iglesia católica va a estar tutelada por la sociedad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de junio de 2002