Las comunidades autónomas del PSOE, cuyos gobiernos ya han aprobado los decretos de regulación de los servicios mínimos para la huelga general del 20-J, han establecido unos servicios mínimos de transporte urbano e interurbano menores a los fijados por las autonomías gobernadas por el Partido Popular. No obstante, existen amplias coincidencias en cuanto a la regulación de servicios sanitarios y sobre la apertura al cien por cien de los servicios de emergencia.
Según los decretos de regulación aprobados esta semana en cada comunidad, regiones como Madrid y Murcia dispondrán de unos servicios mínimos en transporte del 33% de media entre los medios urbanos e interurbanos, mientras que otras como Aragón o Andalucía han fijado un 20% como mínimo de estas prestaciones.
Aun así, estas últimas han establecido más servicios que los que pedían los sindicatos. Además, en comunidades socialistas como Baleares el transporte discrecional, competencia de la Administración autónoma, ha sido motivo de discordia entre Gobierno y sindicatos, puesto que, mientras las centrales pedían el cierre de los aeropuertos, el Ejecutivo autónomo ha fijado un total de 20 autocares para carga y descarga de turistas.
El País Vasco, que reguló los servicios el martes pasad, ha coincidido con las comunidades de Aragón y Andalucía, puesto que ha fijado el 20% en transporte general, mientras que en Cataluña el transporte también provoca desacuerdos entre los sindicatos y la Generalitat, ya que Comisiones Obreras y UGT piden servicios menores que los decretados en la huelga general convocada en 1994.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de junio de 2002