El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el dirigente de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, no suelen hablar personalmente y a sus anchas de los asuntos que nos conciernen a los administrados. No han tenido o no han propiciado las oportunidades. Quizá por la prolongada inestabilidad del PSPV y la volatilidad de su liderazgo; quizá porque entre los citados personajes no se ha establecido una corriente de simpatía debido a sus muy contrapuestos talantes y, asimismo, porque, sin endosarle la culpa a ninguna de las partes, no se ha sabido observar la discreción que debe amparar estos encuentros. Por último, porque el gobierno de la autonomía no ha exigido en ningún momento que tan altos mandatarios se las viese cara a cara.
En todo caso, es plausible que, como parece, se hayan habilitado los puentes de comunicación entre Blanquerías (sede del PSOE) y el despacho del president. Seguro que algunos problemas podrán orientarse razonablemente sin la presión o mediación de terceros, sean políticos o periodistas métementodo. Que hasta ahora no hayan sido imprescindibles estas conversaciones privadas, pues ninguna urgencia las requería, no mengua la conveniencia de que Zaplana y Pla se miren de vez en cuando a los ojos con la adecuada discreción y confidencialidad. Algo muy propio de las democracias maduras y de personas civilizadas.
Pues bien, nuestros grandes hombres se han visto y han hablado. Esta primicia negociadora ya ha madurado un fruto: un estatuto para los ex presidentes de la Generalitat. Se trata de que ningún molt honorable quede al albur del mercado de trabajo, al tiempo de que podamos aprovechar -lo que no deja de ser un mero pretexto- su experiencia en la gestión de los intereses públicos. Con unas u otras variantes, muchos Estados y gobiernos autonómicos han previsto esta fórmula asistencial para tan singulares personajes. Así le constaba al actual titular del Consell, digo de Zaplana, que lo abordó al comienzo de esta legislatura. Ignoro la causa de haberlo reavivado en estos momentos por iniciativa propia o ajena y, además, con tan apremiantes trámites.
Por lo que nos consta cuando escribimos estas líneas, tal prebenda no alcanzará a los presidentes preautonómicos y únicamente se otorgará a los posteriores, siempre y cuando no perciban otros ingresos por su ejercicio o representación institucional. Este confortable chollo será vitalicio, tal cual ha propugnado enfáticamente el PSPV, acaso pensando en anticipar la jubilación de Joan Lerma, primer beneficiario potencial de esta prebenda. De cumplirse esta premonición, nos encontraríamos ante la paradoja de que ha sido el PP -su adversario político y hasta enemigo de clase- el partido que le condecoró con la más alta distinción de la Generalitat y, al propio tiempo, el que le ha solucionado el futuro laboral con todos los atributos de su alto rango: buen sueldo, despacho, coche y etcétera. A él, que ni siquiera tuvo paciencia -digámoslo así- para recibir y pasarle personalmente el testigo al presidente que le sucedía después de ganarle las elecciones en 1995. Debe ser duro para el ex presidente Lerma aguantar estas cortesías por parte de su adversario. Feliz, largo y envidiable retiro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de junio de 2002