Los expertos en urbanismo asistentes ayer a una jornada divulgativa sobre la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) organizada por la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores coincidieron en alabar las virtudes de la norma aprobada por los socialistas y rechazaron que pueda ser inconstitucional. Así, el Tribunal Superior de Justicia valenciano consultó al constitucional sobre si el agente urbanizador debería ser contratista del Estado.
El arquitecto y urbanista Gerardo Roger, uno de los padres de la ley, explicó que de las 15 comunidades que han aprobado leyes autonómicas sobre el tema 13 han incorporado la figura del agente urbanizador. Defendió que gracias a la norma se han puesto en marcha la mayoría de los planes municipales que estaban bloqueados por desinterés de los propietarios del suelo y añadió que ha incidido en una ralentización de la subida del precio de las viviendas. 'Que pueda urbanizar un suelo alguien que no sea el propietario eso no lo discute nadie', explicó, 'y la mayoría de los juristas dicen que no es de aplicación la ley de Contratos del Estado porque al agente urbanizador no le paga nada el ayuntamiento'. En esa línea hablaron tanto el director de la vivienda, José María Benlliure, y el consejero José Ramón García Antón, como Luciano Parejo, experto en Urbanismo y secretario general de la Univesidad Carlos III.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de junio de 2002