'La Ley de Extranjería consolida a los inmigrantes irregulares como colectivo sin derechos destinado a ser mano de obra barata y dócil en la economía sumergida'. Así de contundente se mostró ayer la organización no gubernamental SOS Racismo durante la presentación de su séptimo Informe anual sobre el racismo en el Estado español, que dibuja una paisaje claramente discriminatorio para los extranjeros regulares o irregulares que viven en España. Según el informe, la Ley de Extranjería no ha conseguido una disminución de los flujos migratorios ni ha favorecido la inmigración regular, sino que ha cerrado las vías de entrada y los mecanismos de regularización existentes. Para esa ONG, la ley es inaplicable, como lo indica el hecho de que se dicten muchas más expulsiones de las que se ejecutan, consolida una desigualdad de derechos entre españoles y extranjeros de dudosa constitucionalidad y crea racismo social al dar una visión negativa de la inmigración que genera rechazo social.
SOS Racismo alerta contra la discriminación de los extranjeros en el trabajo, permitida por una Ley de Extranjería que no impide la explotación laboral de los irregulares. Otras discriminaciones denunciadas se dan al alquilar una vivienda, en la asistencia sanitaria (al estar condicionada por el empadronamiento) y en la educación debido a la formación de guetos en las escuelas públicas debido a la negativa de las concertadas a admitir extranjeros, según la citada ONG. SOS Racismo alerta contra el crecimiento de la islamofobia desde el pasado 11 de septiembre, que se manifiesta en los rechazos a la instalación de mezquitas, como en Premià de Mar (Barcelona).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de junio de 2002