El magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, advirtió ayer de que la extensión a un gran número de delitos, castigados con penas menores, en el acuerdo de la Euroorden, podría desbordar la capacidad de los jueces nacionales a la hora de su aplicación en la Unión Europea.
Martín Pallín realizó esta advertencia en el transcurso de la tercera jornada del curso de Periodismo Jurídico, que organiza la Escuela de Periodismo UAM / EL PAÍS y los colegios notariales en Miraflores de la Sierra (Madrid). El magistrado también se planteó el problema de la validez de las pruebas obtenidas por los llamados "funcionarios equivalentes", es decir, por magistrados, jueces o policías de países de la UE habilitados para la investigación de los delitos.
En su conferencia, Martín Pallín hizo un repaso de los posibles conflictos que las nuevas iniciativas europeas adoptadas en el marco del espacio de libertad y seguridad pueden aflorar en Europa. Señaló, entre ellas, la posibilidad que se recoge en el articulado de Euroius para que los Estados miembros puedan negarse a facilitar la colaboración en las investigaciones criminales si perjudican a los intereses nacionales en materia de seguridad, o si comprometen el correcto desarrollo de la investigación en curso o a la seguridad de sus ciudadanos. El magistrado dijo que las cláusulas que se recogen en el artículo 6 de Euroius son "oscuras, abiertas y ambiguas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de junio de 2002