Un gobierno nacionalista que debe proteger el territorio autoriza a construir en el valle de Àrreu, una zona protegida de alto valor ecológico, saltándose varias normativas autonómicas y hasta comunitarias. Todo podría acabar aquí como un ejemplo de la típica connivencia de gobiernos insensibles y empresas depredadoras si no fuera porque la constructora pertenece a una importante compañía aseguradora, Catalana Occidente, en cuyos actuales anuncios publicitarios intentan vendernos un seguro que protege nuestras vidas. Ya sé a qué partido no votaré en las próximas elecciones y tambien cuál es la compañía a la cual no confiaré mi seguridad. Es la lucha pacífica que nos permite la democracia: tocarles la caja registradora.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de junio de 2002