La juez Teresa Palacios aprovechó ayer el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado del caso de las cesiones de crédito para realizar una amplia imputación contra el presidente del banco Santander Central Hispano, Emilio Botín, y otros cuatro altos directivos del Santander. La juez aprecia que los hechos imputables a los cinco responsables de la entidad, "son constitutivos de 138 delitos fiscales por cooperación necesaria o inducción de los artículos 305 y 28 del Código Penal, así como del delito de falsedad continuada en documento oficial previsto en el artículo 392 del mismo texto legal".
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La resolución de la magistrada ha causado sorpresa en medios de la Audiencia Nacional, toda vez que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y el abogado del Estado, que representa los intereses de Hacienda en el proceso, han instado reiteradamente el sobreseimiento de las actuaciones por entender que los hechos, en lo referido a los directivos del banco, no son constitutivos de delito. Además, el pasado mes de abril la Audiencia Nacional advertía a la juez que las conductas que pudieran constituir delitos fiscales y falsedades no podían "versar sobre actuaciones genéricas, inconcretas o generales, sino guardar íntima relación con las conductas defraudatorias".
El auto da un plazo de cinco días a las partes para que presenten escrito de acusación pidiendo la apertura de juicio oral o por el contrario soliciten el sobreseimiento de la causa. El banco, que ayer aseguró no haber recibido el auto, cuenta con tres días para recurrir. El fiscal anunció ayer que recurrirá la decisión de la magistrada. El abogado del Estado también ha expresado que considera que no existe ya perjuicio para Hacienda. Iniciativa per Catalunya, que ejercía la acción popular, expresó ayer, por boca de Joan Saura, que el auto pone en evidencia al Gobierno por haber apoyado el sobreseimiento a través del fiscal y del abogado del Estado.
Imputación
Fuentes jurídicas han señalado que la magistrada más que un auto de transformación del procedimiento ha dictado un auto de imputación, equivalente a un procesamiento y que con que una de las acusaciones solicite la apertura de juicio oral, la ley obliga a que haya vista oral. Y en el caso están personados como acusaciones Iniciativa per Catalunya y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, que sin duda, instarán la celebración del juicio.
El auto afecta además de a Emilio Botín, al entonces consejero delegado Rodrigo Echenique; al jefe de la asesoría jurídica, José Ignacio Uclés; al subdirector adjunto a la dirección de sucursales, Lorenzo Solana (fallecido), y al ex jefe central contable y director general adjunto, Ricardo Alonso (jubilado). La juez los considera "imputados-responsables" de 138 delitos fiscales y falsedad continuada.
Igualmente se detallan los 138 contribuyentes imputados en delito fiscal y se imputan delitos de falsedad en documento mercantil y delito fiscal por cooperación necesaria a las personas que se prestaron a que se utilizase su identidad en sustitución de los titulares verdaderos de las cesiones de nuda propiedad.
El auto recuerda que las entidades del grupo Banco Santander ofrecieron en 1988 y 1989 a sus clientes un producto financiero denominado cesiones de nuda propiedad de crédito por el que captaba fondos fiscalmente opacos y que según la juez daba "cobertura al dinero negro de los clientes".
La magistrada detalla las resistencias del banco a identificar los clientes y utiliza las comunicaciones internas entre los directivos para inferir que todos ellos estaban al corriente de las operaciones y que incluso de ellos partían las instrucciones que luego se cumplían, tanto para facilitar datos a la Unidad Central de Información (UCI) como a Hacienda, y para avisar a los clientes de que debían regularizar su situación con el fisco. Igualmente imputa a los responsables del banco el haber cambiado la titularidad de gran parte de los contratos ocultando los verdaderos titulares y proporcionando testaferros a algunos clientes.
La cuantía del perjuicio a Hacienda asciende a 145.120 millones de pesetas (872.188.765 euros).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de junio de 2002