La Ley de Partidos entra hoy en vigor, tras su aprobación definitiva el martes en el Senado, pero el Gobierno no instará inmediatamente la ilegalización de Batasuna ante el Tribunal Supremo, como anunció José María Aznar durante la tramitación de la ley. El ministro de Justicia, Ángel Acebes, advirtió ayer a ETA y a Batasuna de que, a partir de hoy, debe cumplir la Ley de Partidos. "Hoy es un mal día para Batasuna, para ETA, para el conjunto de los terroristas, y un buen día para los demócratas y los que sufren permanentemente el acoso de los terroristas", aseguró Acebes.
A partir de hoy, y en aplicación del principio de no retroactividad de la norma, pactado por el Gobierno y el PSOE, el reloj se pone a cero. El Ejecutivo esperará a que Batasuna vulnere la ley de manera "reiterada y grave", a que su apoyo al terrorismo quede claro, lo que no se logra con un sólo hecho aislado, para cargarse de razón ante la opinión pública y los tribunales antes de proceder a pedir su ilegalización.
Y lo hará también de acuerdo con el PSOE en el marco del Pacto Antiterrorista, según afirma el ministro Acebes. Con ello, confirma el compromiso logrado con el PSOE, en mayo, no sólo sobre el contenido de la ley sino sobre su gestión posterior. Y descarta los temores del PNV de que José María Aznar aprovechara el debate sobre el estado de la nación para anunciar dicha ilegalización.
Comunicado de ETA
El comunicado de ETA del pasado fin de semana y la campaña de Batasuna de acoso a los concejales no nacionalistas en el País Vasco, arreciada estos días, han echado por tierra cualquier atisbo de esperanza de que la ley tuviera un carácter disuasorio para Batasuna. El Gobierno y el PSOE estiman que más pronto que tarde habrá motivos para instar a la ilegalización de Batasuna al evidenciarse conexiones entre este partido y ETA.
Pero al no fijarse plazos, ni el Gobierno ni los socialistas han decidido convocar por el momento la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista para analizar la situación creada tras la aprobación de la ley.
Sólo un acontecimiento extraordinario, como un atentado de importantes consecuencias, crearía las condiciones para que el Gobierno y el PSOE rompiesen el acuerdo de tomarse un tiempo, decidido por el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y el diputado socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y optasen por convocar la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista antes de septiembre para tomar medidas contra Batasuna.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de junio de 2002