Las secretarías de Medio Ambiente y Salud Laboral del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) y de Greenpeace se opusieron ayer a la posibilidad de que se instalen en España las cuatro o cinco incineradoras que el II Plan Nacional de Residuos Peligrosos considera necesarias para el tratamiento adecuado de determinados residuos, para los que no hay ninguna otra alternativa de recuperación.
El borrador del II Plan Nacional evalúa la producción anual de residuos peligrosos en 14,49 millones de toneladas, de los que 11,3 son mineros. Estos residuos han sido incluidos por la Unión Europea en la lista de riesgo, tras la catástrofe de la balsa minera de Boliden. cerca del parque nacional de Doñana, hace cuatro años. La generación de residuos propiamente peligrosos alcanza los 3,18 millones de toneladas anuales; de ellos 475.000 se podrían tratar en cementeras o en incineradoras.
CC OO cree que, a pesar de los filtros, la incineración produce un aumento de contaminación. Greenpeace presentará alegaciones porque el plan "garantiza el derecho de la industria a seguir contaminando". La única incineradora de residuos peligrosos en España está radicada en Constatí (Tarragona) y su construcción fue pactada por el ex conseller de Medio Ambiente, Albert Vilalta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de julio de 2002