Una de las novedades más relevantes dentro del programa del nuevo Gobierno francés es el propósito de "abrir el capital" de las grandes empresas estatales de la energía, Eléctricité de Francia (EDF) y Gaz de France (GDF), en el marco de un proyecto de privatizaciones. Raffarin no detalló el calendario, ni anticipó porcentajes, pero su anuncio de "apertura progresiva" del capital de EDF y de GDF se acompañó del compromiso de mantenerlas "en el servicio público", lo cual parece indicar que la privatización contemplada no alcanzará al 50%. EDF es el grupo eléctrico más importante de Europa.
Raffarin llevó su prudencia al extremo de no mencionar sus nombres en el hemiciclo. Pero todo el auditorio comprendió de qué se trataba cuando habló desde la tribuna de "dos grandes empresas de reputación mundial" en el sector de la energía.
El primer ministro mencionó la voluntad de dar garantías a los asalariados y les garantizó la salvaguarda "del estatuto actual del personal y de su sistema específico de jubilaciones". En efecto: una de las características de las dos grandes empresas es que, sin ser funcionarios del Estado en sentido estricto, sus 141.000 trabajadores tienen un sistema de pensiones ventajoso. Cualquier privatización que se intente contará con la segura oposición sindical.
Los defensores de la privatización de EDF, siquiera parcial, la justifican en función de que ambas puedan financiar su expansión internacional y superar las dificultades con que tropiezan en el resto de Europa por su carácter ciento por ciento estatal. Problemas que también se deben a la escasa apertura del mercado francés a la competencia, y que provocaron en los últimos años sendos bloqueos a dos operaciones de EDF, una directa en Italia y la otra, indirecta, en España. Con la apertura progresiva de los mercados europeos a la competencia, se solventa una parte de esas dificultades; la otra se pretende resolver con la privatización parcial de EDF.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de julio de 2002