Un catedrático de Derecho Civil, un notario y dos abogadas se muestran radicalmente contrarios a que se autorice judicialmente la obtención y uso del semen de un marido incapacitado, por considerar que lo impiden los derechos fundamentales del enfermo incapaz y del hipotético hijo.
'La autorización violaría derechos básicos del marido, como el de ser o no padre'
Fernando de Pantaleón, catedrático de Derecho Civil. 'El fiscal tiene razón al oponerse a la autorización judicial. Debe de protegerse el derecho del marido a no reproducirse sin su consentimiento expreso, claro y documentado. Si, además, ese marido no va a poder ejercer como padre, autorizar la inseminación es vulnerar el derecho del hijo al deber de los padres que establece la Constitución: 'Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos'. El posible hijo futuro podría reprochar al juez su decisión. Con base en ese precepto, que habla de 'padres', en plural, y en el derecho a controlar la propia reproducción, yo he defendido que tanto la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida como la legislación similar catalana son inconstitucionales'.
José María de Prada Guaita, notario. 'Se trata de un tema muy difícil, pero en el que no podemos obviar que esta situación no está regulada en la ley y que suplir el consentimiento exigido resulta fortísimo. Aquí hay intereses económicos muy claros por los que se decanta objetivamente el juez si autoriza la inseminación.Está claro que quien resultaría perjudicada sería la hija del anterior matrimonio, aunque ese perjuicio no sería suficiente motivo para impedir la autorización. El motivo es la falta de regulación legal'.
Ángela Cerrillos, abogada. 'Desde mi punto de vista, no debe darse el permiso para inseminar a la esposa a no ser que exista certeza -que creo que no la hay- de que el marido querría tener un hijo. Autorizar esa inseminación atenta contra el derecho del marido a tener o no tener ese hijo. Frente a los criterios de matrimonio reproductivo que se arrastran por la tradición cristiana, en un Estado laico, esa autorización judicial vulneraría derechos básicos de un ser vivo inconsciente, el marido, tales como el derecho a la intimidad y a la integridad corporal. Otra cosa sería que existiera un documento de consentimiento'.
María José Varela, abogada. 'Estoy en contra de esa autorización judicial en un caso que deriva del mito de la paternidad biológica, por no entender que el padre de un niño será el que haga de padre, mientras que la patente biológica es irrelevante. Obligar al marido a ser padre sin su consentimiento es muy grave. Empeñarse en este tipo de acciones no se corresponde con las verdaderas necesidades del niño. La paternidad biológica es lo de menos; lo importante es quién hace de padre y de madre. Mejor que una autorización es buscarse un novio'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de julio de 2002