Médicos de atención primaria, profesores, jueces, policías, abogados, asociaciones de inmigrantes y otros colectivos e instituciones de Girona recibirán en los próximos días un documento cuyo principal objetivo es la protección de las niñas inmigrantes en riesgo de ser sufrir una ablación genital. El Protocolo de actuaciones para prevenir la mutilación genital femenina, un documento sin parangón en España, intenta ofrecer información fidedigna sobre esta práctica y marcar a los agentes sociales el camino ante una sospecha o, en el peor de los casos, ante una mutilación ya consumada. El protocolo establece tres posibles vías de actuación: la prevención genérica, la intervención directa ante una sospecha y las características del marco jurídico español para actuar contra los responsables de una mutilación consumada.
El documento reseña los motivos de posible riesgo a los que, básicamente profesores y pediatras, deben prestar atención. Entre ellos está la pertenencia a una etnia que practique la ablación, a una familia en la que la madre o las hermanas mayores la hayan sufrido o la proximidad de un viaje al país de origen. El colectivo multidisciplinar autor del documento dice que la familia que queda en el país de origen ejerce a menudo fuerte presión sobre los emigrados, presión que llega a su punto álgido en el momento en que éstos vuelven a casa. Carles Cruz, magistrado participante en el documento, advierte de que se han establecido una serie de preguntas exploratorias que permiten guiar a los médicos sin que se produzca un bloqueo ante el requerimiento directo. El protocolo recomienda evitar a los familiares como traductores y emplaza a las instituciones a tareas de sensibilización a través de un miembro de la comunidad con autoridad moral.
El fiscal jefe de Girona explicó que desde 2000 se han detectado cinco supuestos de ablación en Girona, y se ha podido evitar la mutilación en tres de ellos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de julio de 2002