Los funcionarios ingenieros de Caminos que trabajan en la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente han presentado una queja ante el titular del área, Ramón Álvarez Maqueda, en la que expresan su malestar por la degradación de sus funciones en la gestión del agua. Es la segunda vez, desde que se creó el Ministerio, que se presenta una queja colectiva de estos titulados superiores.
En esta ocasión, la protesta se realiza por partida doble, ya que tras la carta remitida el pasado 28 de junio por los funcionarios de mayor nivel, el pasado lunes secundaron la protesta todos los ingenieros técnicos del departamento (40) con una carta más dura aún.
Estos colectivos se quejan de que la delegación de competencias sobre los proyectos y obras hidráulicas en sociedades estatales 'merman las garantías de transparencia y eficacia en la utilización de fondos públicos'. El gasto de estas sociedades no es fiscalizado por la intervención del Estado, sino por auditorías externas.
Estos funcionarios añaden que se hace un uso inadecuado de consultorías ajenas para tareas que por su naturaleza (planificación hidrológica y coordinación de cuencas hidrográficas) corresponden a la Administración. En su opinión, la autoridad del agua española 'carece desde hace tiempo de una política de aguas moderna y estructurada, con objetivos y programas y una organización adecuada a su ejecución y control que, en caso de persistir seguirá incumpliendo sus obligaciones con la sociedad'.
El ministro Jaume Matas, admitió tener noticia de los escritos, pero trasladó al secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, su valoración. Fernández reconoce la carga de trabajo de los funcionarios con la Ley de Aguas, el Plan Hidrológico y la Directiva Marco. Dice que sin las sociedades estatales no habría sido posible invertir en obras hidráulicas 2.404 millones de euros anuales. También reconoce que no están bien pagados, por lo que estudia con los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas una nueva relación de puestos de trabajo, para adaptar la dirección general y las confederaciones hidrográficas a los nuevos retos de la gestión del agua en España.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de julio de 2002