La sentencia de la Audiencia Nacional conocida anteayer que da la razón a la Junta de Andalucía frente el Gobierno de la nación en uno de los múltiples contenciosos relativos a la financiación autonómica ha sido, sin duda, la noticia política más relevante de la semana en nuestra comunidad. Se trata de la primera de otras que tendrán que ser dictadas por la propia Audiencia y por el Tribunal Constitucional en el futuro.
La lógica de la sentencia es aplastante. El 100% es el 100% y no el 98%. Si el sistema de financiación para Andalucía establecido en los Presupuestos Generales del Estado contemplaba una entrega a cuenta del 98% y una liquidación final del 2% restante, el Gobierno no podía negar a la comunidad autónoma la entrega de ese 2% de la liquidación final, que es lo que hizo en el año 1997, al que se refiere la decisión de la Audiencia Nacional y que es lo que hizo también en los cuatro años siguientes, a los que la Audiencia Nacional tendrá que dar respuesta en futuras sentencias.
'El Gobierno no es que se empeñe en negar la realidad, sino que se empeña, cuando de Andalucía se trata, en negar que la realidad sea la que él mismo ha reconocido que es'
En realidad, resulta difícil de entender que el conflicto llegara a plantearse y que acabara siendo residenciado ante una tribunal de justicia para su resolución. La participación en los ingresos del Estado, la conocida como PIE, constituye el núcleo básico de la financiación de las comunidades autónomas. Esa participación se tiene que fijar por ley y se suele hacer mediante la Ley de Presupuestos del Estado para cada año. Una vez fijada dicha participación, el Gobierno de la nación tiene que proceder a ejecutar la ley y transferir a la comunidad autónoma la cantidad correspondiente, el 100% de dicha cantidad, aunque la entrega pueda descomponerse en dos fases: un 98 % a cuenta y un 2% en la liquidación final. Eso es lo que decía la Ley de Presupuestos para 1997 y la interpretación de dicha Ley no debería de haber dado origen a ningún conflicto.
Justamente porque no debería haberse producido y, sin embargo, se ha producido, es por lo que el conflicto resulta ilustrativo. Ilustrativo de una manera de proceder del Gobierno respecto de Andalucía, que cabría calificar como patológica. El Gobierno no es que se empeñe en negar la realidad, sino que se empeña, cuando de Andalucía se trata, en negar que la realidad sea la que él mismo ha reconocido que es. En los Presupuestos del Estado dice cuál es el 100% de la participación de Andalucía en los ingresos del Estado y después pretende que ese 100% sea el 98%. No es la Junta de Andalucía la que ha definido su participación en los ingreso del Estado. Ha sido el Gobierno y su mayoría parlamentaria el que lo ha hecho. Y es el Gobierno el que a continuación niega haberlo hecho y origina un conflicto que tiene que acabar en los tribunales. Es literalmente incomprensible.
Si hubiera ocurrido únicamente en esta ocasión, sería difícil de explicar, pero se podría pensar que es la excepción y no la norma. Pero es que no es así. No es la única ocasión en la que el Gobierno procede así con Andalucía. Mucho más grave que esta negación del 2% de participación en los ingresos del Estado, es la no aceptación a efectos de financiación de la comunidad autónoma del censo real de población aprobado por el propio Gobierno mediante Real Decreto, sobre el que también tendrá que pronunciarse en su día el tribunal competente. Desde que el PP accedió al poder en 1996 el Gobierno se ha resistido permanentemente a aceptar la realidad respecto de Andalucía. La realidad, repito, definida en normas aprobadas por él y por su mayoría parlamentaria. ¿Cómo se puede decir simultáneamente que la participación de Andalucía en los ingresos del Estado es el 100% y el 98 %? ¿Cómo se puede decir en un Real Decreto cuál es la población de Andalucía y afirmar a acontinuación que, a efectos de financiación autonómica, la población es otra distinta?
En este comportamiento patológico del Gobierno respecto de Andalucía reside una de las mayores dificultades del PP para hacer política en nuestra comunidad. ¿Cómo pueden explicarle los dirigentes del PP a los andaluces que están de acuerdo con que el 100% se convierta en el 98% en la participación de los ingreso del Estado? ¿Cómo pueden explicarle que están de acuerdo con que desaparezcan medio millón de ciudadanos andaluces del censo a efectos de financiación de la comunidad?
El coste de la negación de la realidad andaluza para el PP en el conjunto del Estado puede ser soportable. Para el PP en Andalucía no lo es. La negación de la realidad deteriora la credibilidad de su discurso político de manera insoportable. Lo inhabilita en cierta medida para hacer política en nuestra comunidad, situándolo permanentemente a la defensiva.
Lo acabamos de ver con el decretazo. El PP ha tenido y continúa teniendo dificultades para justificar el decretazo en todo el territorio del Estado, pero tiene una dificultad añadida en Andalucía como consecuencia de la supresión del PER. Ello ha obligado al PP en Andalucía a iniciar una campaña explicativa en la que intenta negar la realidad definida por el Gobierno en el Decreto-ley.
Así no hay forma de que nadie los crea. Porque llueve sobre mojado. Esto es lo que la sentencia de la Audiencia Nacional ha venido a subrayar con una claridad meridiana. El 100% es el 100% y no el 98%. La respuesta de Antonio Sanz de que la sentencia no es todavía firme es, políticamente hablando, patética. ¿Es eso todo lo que tiene que decirle a los ciudadanos andaluces?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de julio de 2002