El juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de El Puerto de Santa María (Cádiz), Miguel Ángel López Marchena, ha abierto un procedimiento contra el alcalde portuense, Hernán Díaz-Cortés, de Independientes Portuenses (IP), por un supuesto delito de prevaricación y nombramiento ilegal. El juez, en un auto fechado el pasado día 3, establece que las diligencias practicadas 'evidencian que existen motivos suficientes' para atribuir a Hernán Díaz la supuesta culpabilidad de los hechos denunciados, de manera que convierte las diligencias previas en un trámite de procedimiento abreviado 'por su participación en un delito de prevaricación y nombramiento ilegal'.
Una vez que el auto del juez sea notificado a las partes, tanto la acusación particular como el fiscal solicitarán la apertura de un juicio oral contra Hernán Díaz Cortés, que se podrá celebrar en los primeros meses del próximo año.
Los hechos denunciados se refieren a una querella presentada el 9 de octubre de 1998 por Luis Fuentes Durán contra el alcalde portuense, después de que Díaz-Cortés le impidiese regresar a su plaza oficial de la Policía Local tras un periodo de excedencia voluntaria. En aquel momento, el alcalde basó su negativa en que no existía plaza vacante.
Luis Fuentes es funcionario de carrera del Ayuntamiento de El Puerto y pertenece a la escala técnica en la modalidad de oficial de policía. Ocupó la plaza de oficial jefe de la Policía Local portuense desde abril de 1984 hasta febrero de 1989, año en que pidió la excedencia para incorporarse al Cuerpo Nacional de Policía como inspector jefe.
Reincorporación
Tras esta experiencia profesional, solicitó en dos ocasiones su reincorporación a la Policía Local con la categoría que le correspondía por su pertenencia a la escala técnica, derecho que, según la denuncia, fue negado por la alcaldía. En septiembre de 1995, Hernán Díaz-Cortés nombró como subinspector de la Policía Local a un hombre de su confianza, José Díaz Otero, sin que mediara concurso o convocatoria pública para cubrir la plaza.
Fuentes, quien interpretó que la plaza le correspondía y que el nombramiento de Otero carecía de garantías legales, interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declaró nulo el nombramiento del Ayuntamiento de El Puerto. El defensor de Luis Fuente, el abogado gaditano Diego Torres, mantiene que el alcalde 'a golpe de decreto' realizó un nombramiento ilegal y prevaricó al impedir la readmisión del denunciante.
El alcalde de El Puerto denunció ayer la 'intencionalidad política' del caso, que coincide con los meses previos a las elecciones locales. El alcalde citó al PSOE como impulsor de la causa y explicó que, en una carta dirigida por su abogado al juez, pide que se retrase el procedimiento para 'no interferir con las elecciones'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de julio de 2002