El distanciamiento entre Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) alcanzará su cénit probablemente con motivo de la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat. En la dirección de la federación nacionalista van ganando terreno los partidarios de no pactarlos con el PP y, por tanto, de que los presupuestos de 2003 sean una mera prórroga de los de 2002. 'Si debemos distanciarnos de los populares, esa es la ocasión de oro', declaró un dirigente de CiU.
En la reunión de la ejecutiva de la federación, celebrada el pasado lunes, el asunto fue puesto sobre la mesa. CiU quiere distanciarse del PP, pero no romper de forma radical con el partido que en Cataluña dirige Alberto Fernández Díaz. Distanciamiento, sí; ruptura, no. Por eso, los nacionalistas catalanes consideran votar favorablemente los Presupuestos Generales del Estado que elabore el Gobierno de Aznar para el próximo año, con el argumento de la gobernabilidad, pero prescindir en Cataluña del apoyo del PP prorrogando los de la Generalitat, manifestaron fuentes de CiU.
Los nacionalistas de Jordi Pujol quieren garantizar con gestos el tener a mano los votos populares para momentos de emergencia, como evitar engorrosas comisiones parlamentarias de investigación. Con todo, las espadas están en alto. El presidente del Gobierno, José María Aznar, no volverá a concurrir a las elecciones; en el PP cada vez hay más voces partidarias de la ruptura con CiU y está por ver qué sucederá tras el periodo de reflexión abierto por el PP y que culminará los próximos 15 y 16 de julio en el debate del estado de la nación. La reacción del PP ante la actitud de CiU en la huelga del 20-J ha superado las expectativas de los nacionalistas. Todo ello y la proximidad de las elecciones previstas para otoño del próximo año han precipitado en CiU los cambios tácticos.
Hace cuatro meses, desde el entorno del conseller en cap, Artur Mas, se aseguraba que el desgaste del pacto con el PP no era tan importante como para iniciar el distanciamiento. El pasado mes de junio, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, defendía ante las bases democristianas las bondades del pacto con los populares. 'ERC puede llegar a engordar a costa de nuestros complejos', afirmaba un contundente Duran. Ahora parece que la profecía se ha cumplido y las recientes encuestas ponen de manifiesto que el electorado de Esquerra Republicana crece, mientras que el de CiU baja.
La nueva situación impone una reafirmación nacionalista tanto en clave interna como externa, que no llega en el mejor momento: las relaciones entre CiU y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) están bajo mínimos -han bordeado el insulto en los últimos días- y la Declaración de Barcelona, que en otras ocasiones fue un balón de oxígeno para el pedigrí nacionalista de Convergència, está congelada. Para rehacer las maltrechas relaciones con el universo nacionalista vasco, el secretario general adjunto de CiU, Pere Macias, viajó el pasado jueves a Bilbao, donde se entrevistó con dirigentes del PNV.
Con estos mimbres, cada vez cobra más fuerza la idea de la prórroga de los presupuestos. No es la primera vez que CiU lo hace. Ya ha sucedido en cinco ocasiones, aunque por motivos diversos. Lo hizo en 1983, 1985, 1989, 1995 y 1999. La prórroga tiene, pues, numerosos precedentes. En lo que no hay antecedentes es en un anticipo electoral de ocho meses
La oposición al Gobierno de Jordi Pujol alerta de los efectos que tendría una eventual prórroga de los presupuestos de 2002 -escenario que gana adeptos en CiU ante sus desencuentros con el PP-, especialmente en materia de infraestructuras. La inversión en éstas se vería frenada, según el PSC y los populares, hasta en 600 millones de euros (100.000 millones de pesetas). Una prórroga presupuestaria 'sería la expresión más clara de que CiU no tiene apoyos para gobernar y la Generalitat no podría tomar nuevas iniciativas', concluía ayer en unas declaraciones a Efe el diputado socialista Martí Carnicer.
Entre las medidas legislativas que ya han obtenido luz verde en el Parlament y que quedarían en mero papel mojado en el caso de prórroga figuran partidas que intentan responder a algunos de los asuntos candentes en el escenario político y económico catalán, como es la demanda de un mayor esfuerzo inversor en materia de infraestructuras.
El Gobierno encabezado por Artur Mas no podría, así, incrementar en 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) el presupuesto con que cuenta el Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOS), que persigue redoblar el apoyo en inversiones a los ayuntamientos.
El PSC y el PP estiman que la partida que quedaría 'bloqueada' ante este escenario se elevaría a entre 360 y 600 millones de euros porque esta partida corresponde a obra nueva anual 'sin consignación presupuestaria que no podría llevarse a cabo', en palabras del diputado popular Josep Maria Fabregat y el propio Martí Carnicer. En la misma línea, el portavoz parlamentario de los independentistas de ERC, Josep Huguet, indicó: 'Todo lo que no sean inversiones plurianuales quedaría tocado'. Joan Boada, de ICV, alertó igualmente de que las inversiones se verían afectadas porque 'no se prevería ni el aumento del IPC ni el crecimiento anual del país'.
El Departamento de Economía calma los ánimos y subraya que el grueso de los 2.632 millones de euros anuales que la Generalitat dedica a inversiones no se verían afectados porque corresponden a planes plurianuales. La partida anual destinada a obra nueva queda fuera.
En caso de prórroga presupuestaria, también quedarían aplazadas otras cuestiones de calado social, como la universalización, a partir del próximo enero, de las ayudas de 480 euros al mes para las familias que tengan hijos de hasta tres años o nuevas desgravaciones fiscales a las viviendas de alquiler.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de julio de 2002