La propuesta de reducción de ayudas que plantea Bruselas contempla un recorte anual del 3% anual hasta llegar al 20%, con exención hasta 5.000 euros, bonificaciones por mano de obra y tope máximo por explotación de 300.000 euros.
La aplicación de esta medida supondrá para España que más del 80% de los perceptores de ayudas estarían exentos de la reducción al no superar el tope de los 5.000 euros anuales.
Según los datos de la Administración, sobre un total de 887.000 perceptores, 436.000 perciben ayudas por debajo de los 1.000 euros, 127.000 entre 1.000 y 2.000 euros, 72.000 entre 2.000 y 3.000 euros, 49.300 entre 3.000 y 4.000 euros, y 37.600 entre 4.000 y 5.000 euros. En total, casi 730.000, mientras 168.000 perceptores se hallan por encima de los 5.000 euros. De acuerdo con los mismos datos, solamente 230 perceptores cobran más de 300.000 euros anuales de ayudas.
Estas cifras reflejan el número de beneficiarios de las ayudas. Sin embargo, la realidad es que bajo esos 887.000 perceptores se ocultan miles de agricultores a tiempo parcial, mientras los profesionales del campo con explotaciones viables se hallan en su mayor parte por encima de los 5.000 euros.
La propuesta comunitaria plantea eliminar ese 20% de ayuda del primer pilar o las ayudas directas (pago por ejemplo a un cerealista), para destinar esos recursos al segundo pilar: el desarrollo rural.
En 2001, España recibió de la Política Agrícola Común un total de 6.795 millones de euros, de los que 5.635 correspondieron al primer pilar. Con la aplicación de esa propuesta, las ayudas directas se reducirían en casi 1.200 millones de euros.
Esos fondos que hoy llegan directamente al campo se recortarían fundamentalmente para perceptores de ambas mesetas, Andalucía, Extremadura o Aragón. Esos fondos sobrantes viajarían seguidamente a Bruselas para su redistribución por países.
Hay dudas de que a España vuelva el 100% de los fondos remitidos. Una vez recibidos en España, se haría una distribución a todas las comunidades autónomas para su aplicación con carácter cofinanciado con las diferentes administraciones. Una vez los fondos en cada comunidad autónoma, se procedería a la distribución de los mismos para programas de desarrollo rural. Para las organizaciones agrarias, los grandes perdedores van a ser los profesionales del campo.
El sector agrario apoya el desarrollo rural, pero sin que esos fondos salgan del bolsillo de los agricultores y ganaderos, como pretende Bruselas. El verdadero desarrollo rural, según las organizaciones agrarias, es apoyar el mantenimiento de los profesionales del campo, algo que en su opinión no plantea esa reforma.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de julio de 2002