El decreto-ley del desempleo, rebautizado como decretazo por los sindicatos, tiene en los prejubilados mayores de 52 años uno de sus principales destinatarios. De momento, la negociación de expedientes de regulación de empleo está, según las centrales, frenada a la espera de ver cuál es la aplicación práctica del decretazo, y los ya prejubilados confían en que la nueva incompatibilidad de rentas con el subsidio no les afecte, ni se les obligue tampoco a aceptar un empleo si les deja peor que su situación actual como prejubilados. Según el decreto, todo les afecta desde ya.
Los prejubilados de grandes bancos no notarán el 'decretazo' porque estas entidades no complementan lo que paga el Inem
Las grandes empresas, sobre todo las privatizadas o que han sufrido fusiones, aglutinan las principales bolsas de prejubilados
Dos son las medidas que el decreto-ley del desempleo dedica a los prejubilados: Subvenciona a las empresas que les vuelvan a contratar por la vía de pagar al empleador el subsidio que cobraba el parado, y encarece las prejubilaciones al hacer incompatible la indemnización por despido, que se considera una renta más, con el cobro del subsidio.
Las dos tendrán un impacto muy diverso según cuál sea el acuerdo de prejubilación que haya cerrado el trabajador, aunque, según los sindicatos, será siempre negativo. El Gobierno mantiene que el objetivo es facilitar la vuelta al empleo de los mayores de 52 años. Lo que deben tener claro quienes no lo logren es que, probablemente, también dejarán de ser parados y, por tanto, facilitarán el objetivo del Gobierno de reducir las tasas de desempleo en España.
- Vías a la prejubilación
En líneas generales, cuatro son las vías por las que un trabajador mayor de 52 años pierde su empleo y queda como prejubilado, una figura que no tiene cobertura legal y que le equipara, en la práctica, o a un parado o a una persona inactiva.
El mejor camino es un acuerdo de prejubilación pactado con los sindicatos, en el que la empresa se comprometa a complementar la prestación por desempleo hasta cubrir el 75% o más del salario que tenía el trabajador, y en el que, además, la empresa financie las cotizaciones a la Seguridad Social que tenía su empleado hasta la edad de jubilación.
El segundo, en el extremo opuesto, es un expediente de regulación de empleo por 'causas objetivas' que se fije, antes que en nadie, en los trabajadores de más edad. Aquí la indemnización legal es tan sólo de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades y nadie piensa en cubrir las cotizaciones a la Seguridad Social por la base de cotización que tenía el empleado. Como parado, esa base de cotización pasa a ser la mínima. Como la jubilación se calcula teniendo en cuenta, tan sólo, los últimos 15 años de cotización, es a estos prejubilados a quienes, al menos en teoría, puede beneficiar el decreto. El Gobierno mantiene que les beneficia porque será más fácil que alguien les contrate y les pague, al menos, el salario mínimo interprofesional, en vez del subsidio asistencial, que es del 75% de ese SMI. Quien les contrate recibirá el subsidio y sólo tendrá que pagar la diferencia y las cotizaciones a la Seguridad Social.
El tercer camino a la prejubilación es un despido improcedente, casi siempre pactado, y en ocasiones acompañado del incentivo de una baja incentivada. Es la vía más habitual en pequeñas empresas para muchos trabajadores, y en otras de mayor tamaño para prejubilar a personal cualificado. El despido improcedente, sin más, equivale a 45 días por año trabajado. La baja incentivada, casi siempre, incorpora la firma de un convenio especial con la Seguridad Social para mantener la base de cotización del prejubilado hasta la jubilación. Unos y otros deben saber que la indemnización, pequeña o grande, es incompatible con la percepción del subsidio de desempleo y deben ser conscientes de que si incumplen el compromiso de actividad dejarán de ser parados para convertirse en población inactiva. La financiación del convenio con la Seguridad Social para no perder una buena jubilación también es una renta, y por tanto, incompatible con la percepción del subsidio.
- La banca, exenta
La cuarta vía para acceder a la prejubilación está reservada a la banca. Éstos no notarán en absoluto el decretazo. Las prejubilaciones se han hecho en este sector con la autorización del Banco de España para, con cargo a las reservas de la entidad, pagarles entre el 80% y el 90% de su salario y mantenerles su última base de cotización a la Seguridad Social hasta la jubilación. Esos prejubilados de la banca no figuran como parados sino como inactivos, con lo que no forman parte del objetivo del Gobierno de reducir la tasa de desempleo o lograr el pleno empleo.
- Garantía de renta
Tras los empleados bancarios, los mejor situados son los prejubilados que tengan firmado, en el expediente de regulación de empleo de su empresa, una cláusula que garantice su renta en el caso de que haya alguna modificación, legal o de otro tipo, ajena a la voluntad del trabajador. Este tipo de cláusulas de garantía sólo las tienen firmadas grandes empresas, como Endesa, Telefónica o Altadis. Endesa, por ejemplo, está a la espera de las instrucciones del Inem para ver hasta dónde llegará la factura de sus prejubilados por la aplicación del decretazo. Telefónica mantiene que ya son 'muy pocos' los prejubilados del plan acometido en 1999 durante la presidencia de Juan Villalonga. 'Más del 90% ya han llegado a la edad de jubilación por lo que el impacto será pequeño', aseguran en la compañía. Altadis, mientras, asume que tendrá que pagar la diferencia a sus prejubilados, salvo a quienes les ofrezcan un trabajo que al menos iguale el sueldo al total que cobran como prejubilados al menos igual, en sueldo y, sobre todo, en base de cotización a la Seguridad Social.
- Bolsas de prejubilados
Según los sindicatos, las grandes sociedades, como Iberia o Renfe, muchas de las empresas privatizadas de la minería del carbón y metálica, de telecomunicaciones (sobre todo, las suministradoras de equipos a Telefónica), las eléctricas, las navales (astilleros públicos y privados) y las químicas (por la concentración de empresas) aglutinan las grandes bolsas de prejubilados.
Las centrales estiman que sólo entre metal, construcción e industrias afines hay unos 90.000 prejubilados. El último dato de quienes cobran el subsidio es de 134.500 personas. Esa cifra, multiplicada por los 332 euros mensuales de subsidio, arroja un coste anual de 535,8 millones de euros. Pero, según el Gobierno, el decretazo no pretende ahorrar dinero.
Altadis, un caso poco frecuente
Altadis, antigua Tabacalera, suscribió en 1999 un acuerdo con los sindicatos para el cierre de ocho plantas, acompañado de la construcción de otras dos. Ese ajuste exigía dar de baja a entre 1.600 y 1.800 trabajadores. Se pactó un expediente de regulación de empleo (ERE) con un plan de prejubilaciones obligatorio para los mayores de 55 años y voluntario para los empleados de más de 53. El acuerdo para ese ERE, según el director de recursos humanos de la empresa, José Luis Relea, complementa lo que obtenga el trabajador mayor de 55 años por desempleo hasta el 80% de su salario bruto y hasta el 75% de ese sueldo para mayores 53. Además, la empresa financia el convenio especial con la Seguridad Social que han firmado esos prejubilados para no perder puestos en la carrera hacia la jubilación. Se han acogido a este plan 1.500 empleados. El problema que incorpora el decretazo, y que asume Altadis, es que el prejubilado puede verse obligado a aceptar un empleo para no perder el paro. Si lo que le ofrecen tiene menos salario o peor base de cotización, Altadis tiene asumido que reclamarán a la empresa y que, gracias a la cláusula de garantía, ésta tendrá que cubrir todo el coste. El caso de esta empresa privatizada es muy poco frecuente pues en las zonas en las que cerró plantas de producción ha suscrito además convenios con otras empresas para que, de forma preferente, contraten a sus empleados más jóvenes que no han querido cambiar de residencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de julio de 2002