Las compañías alternativas a Telefónica han presentado al Gobierno un paquete de medidas destinadas a agilizar la liberalización del sector, lo que ha desatado un duro enfrentamiento entre los operadores entrantes y Telefónica.
Desde que en 1998 comenzara el proceso de liberalización, Telefónica ha perdido el 15,7% de la cuota de mercado de los ingresos por tráfico. El avance en la pérdida de la cuota de mercado de Telefónica mostró los primeros signos de ralentización en el último semestre de 2001, cuando los operadores alternativos sólo ganaron un 0,9% de cuota de mercado.
Los operadores entrantes consideran necesario el fomento de la liberalización del sector y sus críticas se centran en cuatro puntos. En primer lugar, las barreras encontradas a la preselección, dado que tan sólo el 10,6% de las líneas están preseleccionadas frente al 20% de Suecia, Dinamarca y Noruega. En segundo lugar, el lento avance de la apertura del bucle de abonado, vigente desde enero de 2001 en España. A finales de abril de 2002, sólo se había conseguido desagregar una treintena de abonados, frente a los 700.000 clientes desagregados en Alemania, lo que sitúa a España en la última posición de los países europeos. En tercer lugar, la posición de dominio que ostenta el Grupo Telefónica en el mercado de ADSL, en el que posee el control del 70% de las 619.000 líneas en servicio. Por último, el acceso a la contratación de servicios por parte de las administraciones públicas, valorados en 720 millones de euros anuales y tradicionalmente asignados al ex monopolio.
La regulación del sector en España debe ir en línea con las nuevas directivas sobre telecomunicaciones aprobadas por la UE en abril de 2002
La batería de modificaciones propuestas por los operadores alternativos -que incluyen la limitación en las cuotas de mercado del ex monopolio y el fomento de una regulación ex ante- han sido lógicamente calificadas por Telefónica de restrictivas y poco beneficiosas para los consumidores, los cuales disfrutan hoy de multitud de ofertas y un descenso medio acumulado en el precio de los servicios del 52% desde enero de 1998.
La regulación del sector en España debe ir en línea con las nuevas directivas sobre telecomunicaciones aprobadas por la UE en abril, las cuales abogan por introducir una desregulación progresiva encaminada a garantizar la inexistencia de prácticas de abuso de posición dominante de una o varias compañías en un mercado concreto. En esta línea, es difícil plantear la imposición de medidas regulatorias ex ante, ni limitaciones en la cuota para Telefónica, ya que con ello se podría terminar protegiendo modelos de negocio ineficientes. No obstante, el regulador debe velar por el establecimiento de una competencia efectiva sin condiciones discriminatorias, abuso de posición dominante o barreras técnicas artificiales.
Leire González y Arturo Rojas son, respectivamente, analista y socio de Analistas Financieros Internacionales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de julio de 2002