Argentina padece inseguridad jurídica, entre otros males. El ministro de Economía español, Rodrigo Rato, se ha quejado explícitamente de ello. 'La confianza que muchos inversores internacionales tuvieron en Argentina no debe perderse, y las reglas de juego deben ser estables, de manera que permitan la llegada de inversiones', apuntó Rato. Su alocución defendía a las empresas de servicios privatizados como Gas Natural, Edesur (Endesa), Telefónica, Aguas Argentinas (Aguas de Barcelona) y Metrogas (Repsol YPF). Los pliegos de venta de las antiguas compañías estatales establecieron a principios de los noventa tarifas en dólares, pues regía la ley de convertibilidad, que ataba el peso a la moneda norteamericana en paridad fija uno a uno. Tras la devaluación de enero pasado, el Gobierno las convirtió a pesos y sólo planea actualizarlas una vez que consiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), interrumpido desde diciembre pasado. Mientras tanto, el peso se ha devaluado el 73,3% en lo que va de año y la inflación ascendió al 26% en los primeros cinco meses.
Lavagna considera que el pacto con el FMI puede llegar antes de lo previsto después de que Duhalde anunciara el adelanto de las elecciones
Casi todas las decisiones de inversión quedarán congeladas hasta marzo de 2003 y después dependerán del resultado de las urnas
Las misiones del FMI
Una de las principales preocupaciones del FMI radicaba en la inseguridad jurídica, y por ello reclamó la modificación de las leyes de subversión económica y de quiebras hasta que consiguió que el Congreso lo hiciera hace dos meses. Las otras inquietudes del FMI apuntan a la necesidad de reducir el déficit fiscal, diseñar un programa monetario que sostenga el valor del peso y reestructurar el sistema financiero. El organismo planea enviar cuanto antes misiones técnicas a Buenos Aires para analizar esos tres aspectos. El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, considera que el pacto con el FMI puede llegar antes de lo previsto después de que el presidente Eduardo Duhalde anunciara que las elecciones generales se adelantarán de septiembre de 2003 a marzo próximo. Las empresas continúan preocupadas por la falta de reglas claras. Prácticamente todas las decisiones de inversión quedarán congeladas hasta marzo de 2003 y de ahí dependerá más del resultado de las urnas. Al igual que está sucediendo en Brasil, el periodo electoral puede generar mayores turbulencias en los mercados, recelosos de candidatos populistas.
El director de una empresa privatizada de capital español, que prefiriere mantener el anonimato, aclara que su enfado se basa en la ruptura 'unilateral y arbitraria' de los contratos. 'En los últimos años se habían modificado, pero sin afectar la ecuación económica. Ahora nuestras compañías valen la mitad y la cuenta de resultados fue dañada. En 1991, Argentina trató de dar seguridad y privatizó prometiendo ingresos en dólares', recuerda el ejecutivo. '¿Pero ustedes pensaban que la convertibilidad era eterna, cuando desde hace siete años el mundo se preguntaba cuándo acabaría?', pregunta EL PAÍS. 'Eso no lo puedo responder', contesta.
Las privatizadas reaccionaron al cambio de reglas con una reducción de sus actividades a mínimos. Algunas recortaron inversiones, otras las suspendieron y una dejó el país. Azurix, filial de la polémica empresa estadounidense Enron, abandonó el servicio de aguas de la provincia de Buenos Aires porque el Estado provincial y varios ayuntamientos acumulaban deudas impagas. 'Hacemos los gastos necesarios para funcionar', comenta el director de una firma española, que recomienda restituir la seguridad jurídica mediante nuevos contratos que recuperen la ecuación económica. Para ello entran en juego un aumento de las tarifas, una disminución de la calidad del servicio o de las inversiones exigidas. La portavoz de otra compañía privatizada de origen español define la mayor inquietud: cómo pagar los créditos en dólares con acreedores externos si sus ingresos permanecen en pesos. Cuatro privatizadas, Telecom Argentina (propiedad de France Télécom y Telecom Italia), Metrogas, Aguas Argentinas y Autopistas del Sol (Dragados), han suspendido pagos en los últimos meses. El resto amenaza al Gobierno con seguir el mismo derrotero si no se acomodan las tarifas a la nueva realidad.
Existen tres clases de inseguridad jurídica, las tres aquejan a Argentina y las tres resultan claves para el inversor extranjero, según el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Atilio Alterini. Una es la inseguridad ciudadana. Otra es la ausencia de legitimidad de las decisiones porque presuntamente violan derechos constitucionales. El último caso de inseguridad jurídica deriva de los permanentes cambios en las reglas de juego. Las multinacionales, antes de invertir en un país, quieren conocer el esquema impositivo y hace cuánto que no se modifica. En Argentina el sistema es engorroso y cambia de acuerdo con la escasez de recursos del Estado.
Tierras e inmuebles, el gran objetivo extranjero
La inseguridad jurídica aleja muchos negocios de Argentina, pero no todos. Norteamericanos y europeos están analizando la adquisición de tierras e inmuebles. Las cotizaciones en la fértil Pampa Húmeda han bajado hasta el 30% desde principios de año por la devaluación del peso. También han caído del 2% al 54% los valores de las acciones de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York, lo que incentivó compras de los llamados fondos buitres. La única operación importante del año ha sido la adquisición del 37,5% de la mayor cervecera argentina, Quilmes, por su competidora brasileña Ambev. La prensa argentina también ha publicado sobre el presunto interés de inversores en hacerse con el canal Azul TV, propiedad de Telefónica y con YPF, la filial de Repsol YPF. La emisora atraía al empresario brasileño José Hawilla (dueño de la productora Traffic), al argentino Francisco de Narváez (aliado del presidente del Boca Juniors y empresario reconvertido en político, Mauricio Macri) y a la mexicana TV Azteca. Pero, el jueves, la emisora acabó en manos de un grupo de empresarios argentinos, encabezados por Daniel Hadad, un periodista de derechas. Tres petroleras, la británica BP Amoco, la angloholandesa Shell y la brasileña Petrobras, analizan la compra de YPF, pero ninguna lo admite oficialmente, según La Nación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de julio de 2002