La ofensiva recrudecida contra concejales no nacionalistas del País Vasco forma parte de la estrategia general de intimidación desplegada por ETA y su entorno contra todos los que se les enfrentan. El objetivo de esta ofensiva, a un año de las elecciones municipales, es hacerles desistir: que se vayan o dimitan o no se presenten. Para ellos, que esa retirada sea efecto de la coacción no es un argumento en contra; al revés: les confirma la eficacia -y, por tanto, la legitimidad- del recurso a la fuerza, su seña de identidad más marcada.
En cualquier país en que ocurriera algo parecido, la prioridad absoluta sería hacer frente a esa coacción que impide una competición electoral en condiciones de igualdad. En el País Vasco, ningún político democrático deja de reconocer la gravedad de la situación, que amenaza con deslegitimar los resultados de los procesos electorales. Sin embargo, las medidas que se adoptan son más bien de orden asistencial: de apoyo a las personas perseguidas, y no de enfrentamiento a quienes las persiguen. Los nuevos dispositivos de seguridad, la posibilidad de cambio temporal de domicilio o trabajo, la asistencia psicológica a las víctimas y las demás medidas aprobadas por los partidos reunidos en la Mesa de Arkaute (los del Gobierno vasco más el PSOE) son necesarias, pero su efecto sobre los condicionantes impuestos por la violencia son mínimos. No eliminan, sino que resaltan, la existencia de dos clases de concejales, los amenazados y los que no lo están. Aunque hubiera gente dispuesta a vivir así, ¿quién va a votar a unos representantes blindados en su casa o de vacaciones pagadas en la costa?
Esas medidas sólo tienen sentido como complemento de una política de aislamiento y deslegitimación del brazo político de ETA, pero las modestas iniciativas planteadas en esa dirección por la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) pesan menos que las declaraciones de su presidente responsabilizando a la ley de partidos de la 'tensión y encabronamiento' que provocan situaciones como la de Lasarte. Y las declaraciones de apoyo de algunos nacionalistas a los ediles amenazados se evaporan ante la imagen de tres miembros del Gobierno vasco y los máximos dirigentes del PNV desfilando con la plana mayor de Batasuna contra esa ley, y reclamando la legitimidad de 'todos los proyectos', sin distinguir entre los democráticos y los que consideran legítimo acosar o eliminar a los adversarios políticos.
Lo mismo respecto a los intentos judiciales de acabar con la impunidad del mundo violento. Las acusaciones de Garzón tendrán que probarse en juicio, y ello no será fácil. Pero si, como ha reconocido Atutxa, ex consejero de Interior, existe la convicción de que Batasuna forma parte de la empresa de coacción a gran escala que dirige ETA, habría que celebrar que un juez lo investigue a fondo, presente indicios racionales y se muestre dispuesto a sacar las consecuencias lógicas de lo descubierto. La reacción de los dirigentes nacionalistas, incluyendo el consejero de Justicia, van en sentido opuesto: descalifican el intento de Garzón y lamentan las dificultades que puedan derivarse para Batasuna.
La situación de acoso ha hecho que vuelva a plantearse la hipótesis de no celebrar elecciones en algunos municipios. Se comprenden las dudas aparecidas. Por una parte, prestarse a participar, pese a las condiciones de manifiesta desigualdad, contribuye a legitimar los frutos de la intimidación. Pero, por otra, esa renuncia es lo que pretenden ETA y sus bandas de acoso, que desde la ruptura de la tregua han asesinado a siete concejales y atacado a cientos, antes y después de la aprobación de la Ley de Partidos; por tanto, lo lógico sería intentar presentar listas en el máximo de municipios, en la forma en que sea posible: con candidaturas de cada partido, y, donde sea totalmente imposible, con listas conjuntas de todas las formaciones democráticas.
A la hipótesis de listas conjuntas se ha respondido desde el PP propugnando, en todo caso, listas de partidos constitucionalistas, sin el PNV. Esa posibilidad es legítima, pero no constituye una respuesta adecuada al problema planteado. Por una parte, no resuelve la cuestión de que unos ciudadanos puedan votar libremente al partido de su preferencia y otros tengan que hacerlo a una lista de circunstancias; por otra, permite al nacionalismo lavarse las manos. Si de lo que se trata es de denunciar públicamente la situación de excepcionalidad que se vive en Euskadi, que impide celebrar elecciones con normalidad, lo lógico es que el partido que lleva más de veinte años gobernando se implique en el problema y comparta lista y riesgos con los perseguidos: reconociendo con su presencia junto a ellos que no hay igual libertad para todos los partidos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de julio de 2002