El abogado de Javier de la Rosa, Javier Melero, solicitó ayer en la Audiencia Nacional la nulidad parcial de las actuaciones relativas a la Operación Wardbase, primera pieza que se juzga del caso KIO, al entender que no se ha permitido a su cliente probar que era un responsable "de segunda fila" en KIO, que siguió siempre directrices de los ejecutivos kuwaitíes. Melero hizo estas manifestaciones en la primera sesión del juicio.
Según Melero, De la Rosa no sería responsable de los delitos de falsedad y apropiación indebida de 1.900 millones de pesetas del Grupo Torras, por los que el fiscal pide para él 10 años de cárcel.
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El abogado también se quejó de que la Sala hubiese desestimado su petición para que en el juicio declarasen como testigos el ex jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, y el jefe de la Seguridad de la Zarzuela, general Sintes, así como que se rechazase pedir a los servicios del Palacio de la Zarzuela la confirmación de una reunión privada mantenida, según De la Rosa, por él mismo con el Rey, Manuel Prado y el responsable de KIO Fahed Mohamed Al Sabah, en enero de 2000.
Melero dijo que la inviolabilidad del Rey que establece la Constitución, por la que está excluido de responsabilidad penal, no se vería afectada de ninguna forma por la comparecencia de Fernández Campo, y añadió que pedir a la Zarzuela la fecha exacta de la reunión mencionada no suponía vulnerar un secreto oficial. Además, indicó que sólo querían concretar la celebración de la reunión, pero no preguntar sobre su contenido.
La defensa de De la Rosa consideró vulnerado su derecho de defensa por el hecho de que el caso KIO se haya dividido en varias piezas separadas, cuando en todas ellas coinciden los acusados y el presunto objeto y móvil de los delitos, por lo que existía una evidente conexión, objetiva y lógica, entre todas las causas.
El abogado reclamó la unificación de todas estas piezas separadas y su enjuiciamiento conjunto, lo que permitiría, en su opinión, demostrar que De la Rosa siempre actuó a las órdenes de los altos ejecutivos kuwaitíes, en cuya cúspide figuraba el ministro de Finanzas del Emirato. "Sin sus órdenes no se movía ningún dinero en KIO", dijo Melero.
Según el letrado, no puede creerse que De la Rosa, como sostiene el fiscal, entregase 2.000 millones de pesetas "gratia et amore" al diplomático Manuel Prado. Añadió que ese dinero fue el precio de servicios político-diplomáticos que esta persona realizó para Kuwait. El abogado también criticó al fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Salvador Viada, al entender que usó argumentos contradictorios para solicitar separaciones o acumulaciones de piezas de la causa "en función de sus intereses", lo que resultó una "actitud absolutamente caprichosa y escasamente fundada". El presidente de la Sala, Siro García, pidió entonces al abogado respeto para el fiscal. Como última cuestión previa, la representación de De la Rosa declaró que la ausencia de Kuwait y sus agencias de inversiones KIO y KIA en el procedimiento había privado al caso de pruebas esenciales.
A continuación, el abogado del ex consejero delegado del grupo Torras, Jorge Núñez Lasso de la Vega, para quien el fiscal también pide 10 años de prisión, defendió la prescripción de los delitos de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida que se le imputan, ya que desde el momento de los hechos hasta que el procedimiento se dirigió contra él, en 1997, pasaron más de cinco años. Por último, el abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo, defensor de Manuel Prado y Colón de Carvajal, para quien el fiscal pide 4 años y 2 meses de cárcel por apropiación indebida, manifestó que se había vulnerado el derecho de defensa de su cliente al haberse aportado a la causa diversa documentación a instancias del Grupo Torras procedente de Gran Bretaña, Suiza y Kuwait.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de julio de 2002