En la edición de EL PAÍS del 4 de julio, en el enésimo artículo sobre la futura Ley de Calidad que ya empieza a llamarse sólo 'reforma', se han deslizado al menos dos errores que pueden llevar a engaño a esas familias que están precisamente ahora tomando decisiones sobre el futuro de sus hijos, de esos alumnos que no han obtenido el título de la secundaria obligatoria y están optando a un programa de garantía social. Llevo toda la semana asesorando a padres que dejan temporalmente las labores del campo e incentivando a alumnos para que continúen algún tipo de formación y, si bien no creo que se lean las páginas centrales de los periódicos, me veo obligado a destacar dichos errores.
Aparece en su periódico (página 28) que, si los alumnos aprueban el curso (sic) de garantía (social), tienen acceso a la FP de grado medio. No es así. Para acceder a la FP es preciso obtener el título de la ESO o, en su defecto, los mayores de 18 años superar una 'prueba' que, sin otorgar el título (para eso existen otras pruebas libres), sí permite el acceso a la FP. El alumno que supera una garantía social se ve beneficiado, pudiendo presentarse a esa prueba aunque no tenga 18 años. Pero debe superarla. El segundo error, menos grave, es asegurar que la garantía social se imparte en los centros educativos. Sólo es así en una de las cuatro modalidades existentes. Sería prolijo extenderse sobre ello, pero es muy interesante que se conozca que esas otras modalidades necesitan del empuje y participación de otros estamentos como ayuntamientos, asociaciones sin ánimo de lucro, etcétera, que se quieran o puedan preocupar por los jóvenes desescolarizados de su entorno. Mención especial para la extraordinaria labor de los colectivos que forman alumnos de la, todavía, llamada en la LOGSE Educación Especial. Ya metidos en harina, quiero agradecer al diario EL PAÍS sus esfuerzos en la defensa de una idea de 'calidad' educativa que coincide con la mía, pero, sospecho, no con la del Gobierno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de julio de 2002