'Aquí no hay trampa'. Con esta aseveración, que resaltaba el consenso entre cuatro partidos (PNV, PSE, EA e IU), insistió el consejero vasco de Interior en su llamamiento al Ministerio del Interior y al PP para que se sumen a los acuerdos de seguridad de Arkaute, cerrados ayer, que añaden medidas de apoyo a víctimas del terrorismo y arbitran otras nuevas para quienes padecen la llamada violencia de persecución.
Balza intentará convencer hoy al PP en la reunión de la ponencia parlamentaria de víctimas del terrorismo recientemente constituida en la Cámara vasca, y al ministerio se dirigió ayer mismo por la tarde, en llamada al nuevo ministro Ángel Acebes, a quien pidió un encuentro 'urgente'. Balza piensa exponerle su reclamación de la ampliación de la Ertzaintza, que no ha obtenido ni de Jaime Mayor ni de Mariano Rajoy. También le explicará los acuerdos alcanzados en la Mesa de Arkaute y la dificultad para ponerlos en práctica si el ministerio no se implica en su aplicación y costes. Por lo que le toca, el Gobierno vasco piensa tener listos los decretos en el plazo más breve y los acuerdos en vigor a principios de septiembre.
Problemas de ejecución
La Comisión Técnica de Seguridad vasca terminó su trabajo con la aprobación de dos documentos: uno revisa las ayudas a víctimas de atentados y el otro establece medidas para los acosados por ETA y el terrorismo callejero. PNV, PSE, EA e IU se mostraron satisfechos, lo mismo que Balza, pero éste advirtió de que el plan de ayudas a amenazados 'tendrá problemas' de ejecución si el Ministerio del Interior no se incorpora a él.
El PSE logró ayer la práctica totalidad de las modificaciones que propuso. Por ejemplo, que sea la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, y no una comisión técnica de la policía autónoma vasca y Fuerzas de Seguridad del Estado la que acredite quiénes reúnen los requisitos para acceder a las ayudas acordadas. Su directora, Maixabel Lasa, tendrá en cuenta un informe técnico, pero ella decidirá.
El PSE propuso también dotar de personal especializado a esa dirección y también se le aceptaron varios cambios que suavizan a las víctimas o sus familiares los requisitos académicos y económicos para obtener una beca. También se suprimió el plazo tope de un año para costear el alquiler a quienes deban desalojar su casa por razones de seguridad.
El PP adelantó que acudirá hoy a la reunión de la ponencia con el ánimo de 'escuchar' y dijo que en los documentos hay capítulos 'manifiestamente mejorables' y 'lagunas'. Su diputado autonómico, Carlos Urquijo, insistió en que el Gobierno vasco sigue poniendo únicamente 'tiritas' a la situación y no adopta 'medidas decisivas'.
El Gobierno vasco asume como prioridad un nuevo marco y minimiza el rupturismo de su ultimátum.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de julio de 2002