Teóricamente ningún ciudadano español está indefenso ante las injusticias, ¿y en la realidad? En Écija, donde vivo, se ha puesto en duda este derecho: el Ayuntamiento va a liquidar la residencia asistida de ancianos San José del Valle para transformarla en otra más moderna, pero privada. Y aquí surge el problema, ¿qué hacer con el personal fijo que trabaja en ella? Se les ha ocurrido esta solución: se comienza por la directora, que es acusada injustamente (porque el juzgado así lo sentenció) de negligencia, y se la suspende de empleo y sueldo.
Se celebra el juicio y aquí surge la paradoja: Por un lado la sentencia: Despido improcedente porque la señora directora, María José, no es responsable de esos hechos denunciados y sí lo es la Delegada Municipal de esa residencia; lo lógico es que sea admitida. Pero no es así porque la sentencia ofrece la readmisión o la indemnización.
Los grupos municipales de la oposición (IU y PSOE) convocan un pleno para solicitar se haga efectiva la readmisión, pero los gobernantes (PA y PP) resuelven indemnizarla. Si ella no es culpable, ¿cómo se deja a la patronal (en este caso un organismo público) que cometa esta injusticia? ¿Por qué la mayoría de nuestros ediles no rectifican, después de haber admitido en público que sí lo harían si el fallo de la justicia fuera favorable a María José.
Yo creo que sigue actual la sentencia de Isaac Asimov: 'Contra la estupidez... los propios dioses... ¿luchan en vano?'
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de julio de 2002