El agente que supuestamente habló con este periódico para explicar sus críticos puntos de vista sobre la Ertzaintza -recogidos en octubre de 2000 en el reportaje titulado 'Creo que nos han vendido'- nunca sospechó hasta dónde podían llegar las 'represalias administrativas' de sus mandos. Decir cosas como 'teníamos unos jefes, todos del PNV por supuesto, déspotas y profesionalmente inútiles' o 'ves lo chapuceros que son y te entran ganas de llorar' ha motivado una investigación exhaustiva y casi de película. Entre septiembre de 2001 y el 26 de febrero de 2002, fecha en que el viceconsejero Mikel Legarda considera que los hechos merecen un expediente disciplinario, la unidad de Asuntos Internos se empleó muy a fondo en escudriñar la vida laboral y privada de este policía.
Encargó a sus agentes averiguar si el policía identificado como el agente que hizo las declaraciones, J. M. B. L., residía en Castro Urdiales (en teoría deben hacerlo en Euskadi), pidió el volante de empadronamiento al consistorio cántabro, averiguó que no había disfrutado de licencia sindical alguna, preguntó al Registro Civil si estaba casado y pidió en septiembre de 2001 a la Tesorería General de la Seguridad Social la vida laboral al completo del agente. Interior preguntó también en diciembre de 2001 al Departamento de Salud si la compañera del ertzaina trabajaba en Osakidetza (Servicio Vasco de Salud). Tras descubrir que la mujer trabajaba de médica interina en Miranda de Ebro, dos agentes controlaron durante al menos tres días en diciembre de 2001 sus vehículos, el lugar de trabajo y su domicilio. Estas diligencias engrosan el voluminoso expediente disciplinario, pendiente aún de calificación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de julio de 2002