Los campesinos mexicanos que se han alzado contra la construcción del nuevo aeropuerto de la capital y tienen en su poder a 17 rehenes en San Salvador Atenco (a unos treinta kilómetros al este de Ciudad de México) rechazaron ayer la oferta del Gobierno del Estado de México de liberar a varios de sus compañeros porque la propuesta no incluía a dos de los líderes del movimiento encarcelados, según informó una dirigente del movimiento campesino.
Unos 2.000 policías rodeaban el poblado, cuyos accesos fueron bloqueados con tractores y camiones por sus habitantes que, armados con machetes, bastones y cócteles mólotov patrullan las calles día y noche. El gobierno del Estado de México, que dejó libres el sábado a tres campesinos, anunció anoche que liberaría al resto de los detenidos, entre los que se encontrarían los líderes campesinos Ignacio del Valle y Adán Espinoza, a cambio de la entrega de los 17 rehenes retenidos por los campesinos, entre ellos algunos policías y funcionarios locales, desde el pasado jueves. Aun así, el fiscal del citado Estado señaló ayer que ambos líderes deberían ser procesados por su actuación en la crisis. Esta madrugada no estaba claro si la liberación de los prisioneros pondría punto y final a la crisis.
Los citados campesinos fueron detenidos el pasado jueves tras un enfrentamiento con la policía que arrojó un saldo de 30 heridos cerca del poblado de San Salvador Atenco, cuyos habitantes rechazan la expropiación de sus tierras para construir el nuevo aeropuerto.
Según la dirigente campesina América del Valle, el Gobierno federal no ha respondido a la demanda campesina de establecer un diálogo directo. Del Valle informó de que dos de las tres personas destacadas en la defensa de los derechos humanos que han propuesto como mediadoras con el Gobierno federal aceptaron la oferta: el que fuera obispo de Chiapas y negociador entre el Gobierno y los rebeldes zapatistas, Samuel Ruiz, y el ex general Francisco Gallardo, que acaba de abandonar la cárcel tras pasar más de siete años en prisión.
Renunciar a la construcción
Del Valle desmintió, por otra parte, que los amotinados hubieran amenazado a sus rehenes si el Gobierno no aceptaba su exigencia de que se renunciase a la construcción del nuevo aeropuerto. El Gobierno anunció el pasado mes de octubre la decisión de expropiar unas 4.000 hectáreas en la zona de San Salvador Atenco para la construcción de un aeropuerto internacional alternativo al existente actualmente en la capital federal. Los campesinos rechazaron la oferta de indemnizaciones y dijeron que no están dispuestos a abandonar sus tierras a ningún precio.
Las autoridades federales, que trataban de evitar que la situación escapara a su control, manifestaron ayer que no pretendían solucionar mediante la fuerza el conflicto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de julio de 2002