En relación con los hechos denunciados en distintos medios de comunicación sobre la actuación de la delegación provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Málaga, a través de sus servicios de Inspección Educativa, de intimidación a un profesor a raíz de unas declaraciones realizadas en la prensa no conformes o críticas sobre otras, expresadas, a su vez, por la directora general de Planificación de la Consejería de Educación, doña Pilar Ballarín, este inspector que suscribe, con 25 años de ejercicio profesional, desea hacer patente lo siguiente:
1. Su absoluta disconformidad con cualquier actuación de la Administración contraria a derecho y, como se denuncia en este caso, atentatoria contra la libertad de expresión. Este inspector opina que para una clarificación de lo acontecido debiera procederse a una investigación a fondo sobre los administradores/funcionarios presuntamente implicados en este asunto y, en su caso, exigirles las responsabilidades políticas y/o administrativas que se pudieran derivar de sus actuaciones.
Por mi condición de inspector de Educación entiendo, y siempre ha sido guía de mis actuaciones, respetar y hacer respetar las leyes con la óptica de la defensa de los derechos educativos de los usuarios del sistema, así como la defensa y fomento de la calidad educativa. Asimismo, entiendo que el principio de 'obediencia debida' no debe presidir ninguna de nuestras actuaciones.
2. Que situaciones como las que han acontecido no pueden servir de coartada para cuestionar las actuaciones de la Inspección Educativa, como ya viene ocurriendo estos últimos días en el desempeño de las funciones tan necesarias, legítimas y, por qué no decirlo, complejas que la inspección tiene encomendadas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de julio de 2002