La Asociación Catalana de Cogeneradores (ACC) ha recurrido ante el Tribunal Supremo el reglamento del Ministerio de Economía que, desde el pasado 24 de mayo, prohíbe a las industrias que cuentan con una planta de cogeneración comprar energía eléctrica al suministrador que les ofrezca el mejor precio y que, por contra, les obliga a comprársela a su propia planta de cogeneración. La ACC, presidida por Juan Vila, advirtió ayer de que esta medida causará pérdidas para estas industrias por valor de 10,8 millones de euros (1.796 millones de pesetas) si el reglamento no se paraliza, y reclama que se suspenda la medida mientras dure el litigio, entre otras razones, por la grave alteración del funcionamiento que supone para hospitales e instalaciones sanitarias.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de julio de 2002